Ley de Reconstrucción Nacional: El Dividido Debate Municipal
El Senado de Chile se prepara para votar este martes el último artículo de la Ley de Reconstrucción Nacional, una normativa de gran alcance conocida como “megarreforma”. Esta iniciativa, que ha generado divisiones no solo entre el gobierno y la oposición, sino también en el ámbito municipal, ha llevado a una fractura visible en la región de Magallanes. De los diez alcaldes que componen la región, cuatro han manifestado su apoyo a la compensación propuesta por el Ejecutivo, mientras que dos se han alineado con más de un centenar de jefes comunales que la rechazan. Cuatro alcaldes no han tomado una postura clara en este debate, lo que refleja la complejidad y la polarización del tema.
El núcleo del conflicto se centra en la exención del pago de contribuciones para las viviendas de adultos mayores de 65 años, lo que, según el gobierno, implicará un cambio significativo en los ingresos municipales. La propuesta gubernamental consiste en reponer los recursos que cada comuna dejará de percibir, algo que ha sido criticado por algunos alcaldes quienes aducen que este método favorece a las comunas más ricas, considerando que estos beneficios se concentrarán en localidades con propiedades de alto valor. Alternativamente, proponen que los fondos se distribuyan a través del Fondo Común Municipal, buscando así asegurar una redistribución equitativa entre las 345 comunas del país.
Entre los alcaldes que han respaldado la propuesta del gobierno, varios han expuesto sus razones. Claudio Radonich, alcalde de Punta Arenas, argumenta que cerca de 2.058 jubilados se beneficiarían directamente, permitiéndoles quedar exentos de contribuciones que hoy son difíciles de afrontar en sus pensiones. Su defensa de la medida, aunque sólida, está acompañada de un llamado a que se asegure la permanencia de la compensación por ley, así como a la necesidad de actualizar tanto la Ley de Rentas Municipales como el propio Fondo Común Municipal, que no ha experimentado cambios significativos desde 2005.
Por otro lado, dos alcaldes han decidido desafiar la fórmula del gobierno debido a su carácter regresivo, argumentando que solo beneficia a comunas con mayores ingresos. Patricio Fernández y Jeannette Andrade han firmado una declaración que cuestiona la justicia del mecanismo actual y exigen que los 200 millones de dólares destinados a la compensación sean reintegrados directamente al Fondo Común Municipal. Piden al presidente que utilice su derecho de veto para volver a la mesa de negociaciones y asegurar que el beneficio sea verdaderamente solidario.
En Punta Arenas, el debate ha llegado a un impasse, con concejales cuestionando abiertamente a su alcalde por apoyar la compensación del Ejecutivo. Resaltan la falta de recursos para las comunas más pequeñas y argumentan que el modelo actual favorece desmedidamente a las comunas ricas, dejando a la ciudad con una percepción de desfinanciamiento. La situación se intricó aún más por la divergencia de intereses fiscales que invitan a las municipalidades a posicionarse según su nivel de ingresos, poniendo de manifiesto una lucha no solo por recursos, sino por la equidad y la solidaridad entre las comunas, un desafío que podría ser decisivo en la votación del Senado.