Elecciones rectoría Universidad de Magallanes: Controversia por denuncia
A pocos días de las cruciales elecciones que definirán la Rectoría de la Universidad de Magallanes para el periodo 2026-2030, se ha desatado una controversia en torno a la transparencia del proceso electoral. Esta polémica fue impulsada por una denuncia presentada ante la Contraloría Regional de Magallanes por la académica María Soledad Astorga, quien cuestiona la imparcialidad y el cumplimiento de los principios de probidad y neutralidad institucional por parte de las autoridades universitarias durante este periodo electoral. La denuncia pone de manifiesto las inquietudes sobre la correcta conducción de las elecciones y la confianza en las instituciones que las rigen.
La denuncia, ingresada el 10 de junio, se centra en la participación de la secretaria general de la Universidad, quien supuestamente habría tomado una postura activa de apoyo hacia la candidatura de reelección del actual rector, José Maripani. La académica Astorga argumenta que tal comportamiento es incompatible con el rol que desempeña la secretaria general, responsable de supervisar los procesos electorales internos. Esto plantea serias dudas sobre la independencia necesaria en los funcionarios encargados de garantizar la transparencia y la equidad durante las elecciones.
Uno de los antecedentes más relevantes mencionados en la denuncia es una reunión convocada por Maripani el 8 de junio, donde se dirigió a académicos de la Facultad de Ciencias para exponer aspectos de su gestión. Según Astorga, la secretaria general no solo estuvo presente, sino que participó activamente en las respuestas a los asistentes, lo que refuerza el argumento de que su rol ha comprometido la percepción de imparcialidad que debería ser característica en un proceso electoral universitario. Este tipo de intervenciones son vistas por la denunciante como un claro atentado contra la neutralidad necesaria en el entorno académico.
La situación se agrava al considerar que la secretaria general había ejercido como ministra de fe del Comité Electoral, un papel que exige absoluta imparcialidad y transparencia. Astorga resalta que las actividades presuntamente realizadas durante las jornadas laborales de la funcionaria pueden ser motivo de revisión por parte de los organismos competentes, insistiendo en que la integridad del proceso electoral está en juego. La academia debería demandar un enfoque más riguroso al resto de las autoridades para asegurar la confianza pública en el proceso electoral.
Por su parte, el Comité Electoral de la universidad emitió una respuesta el 11 de junio, aclarando que la secretaria general formalizó su renuncia a sus funciones el 3 de junio. Sin embargo, esta explicación no parece ser suficiente para despejar las dudas planteadas por la académica Astorga, ya que el 15 de junio presentó un nuevo recurso en el que se cuestiona la legalidad de dicha renuncia. Este nuevo escrito enfatiza que la respuesta del Comité Electoral no aborda adecuadamente las inquietudes iniciales y genera aún más dudas sobre la correcta aplicación de las normas que regulan las funciones de la secretaría general en el proceso electoral.