Decreto de ajuste de personal Umag y su impugnación
La Asociación de Funcionarios Profesionales y Técnicos de la Universidad de Magallanes (Aprotec Umag) ha presentado un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, en un intento por anular un decreto interno que establece un ajuste de personal no académico. Este decreto, identificado como N°38/2025 y emitido el 20 de noviembre del año pasado, introduce un controvertido criterio de desempate en la selección de funcionarios que se verán afectados por la reestructuración laboral, considerando el historial de deudas de los empleados con la universidad. La medida forma parte de un esfuerzo más amplio por parte de la Umag para implementar un plan de “Sostenibilidad y Modernización Financiera”, cuyo objetivo es reducir los gastos en remuneraciones en un 10%.
El polémico decreto estipula que en casos de empate entre dos o más funcionarios que compitan por el mismo cargo, se considerará el “cumplimiento financiero y deudas morosas con la institución” como un criterio de evaluación que pesan un 15%. Esto incluye deudas relacionadas con créditos de estudios e incluso aranceles. Aprotec Umag ha calificado este criterio como “discriminatorio, arbitrario e ilegal”, argumentando que castiga a los funcionarios por su situación económica personal, algo que no está relacionado con su desempeño o profesionalismo. La denuncia apunta a que este enfoque rompe con los principios de igualdad y meritocracia que deberían prevalecer en el ámbito laboral.
El argumento central del recurso de Aprotec se basa en el derecho a la igualdad ante la ley, garantizado por el artículo 19 de la Constitución chilena. Los representantes de la asociación sostienen que el decreto introduce un “factor de presión financiera” que podría influir en las decisiones de desvinculación de los funcionarios, por lo que buscan que se suspenda la aplicación del mismo. En su carta a la Corte, Aprotec destaca que la medida no solo afecta a los trabajadores individualmente, sino que también pone en riesgo la integridad y el bienestar del conjunto del equipo laboral en la universidad.
Por su parte, la Universidad de Magallanes ha defendido el proceso de reestructuración, enfatizando que es una acción necesaria para asegurar su viabilidad financiera y modernizar la gestión institucional. En documentos internos, las autoridades académicas han argumentado que las medidas de ajuste son esenciales para adaptarse a un entorno económico cambiante. Sin embargo, esta postura ha sido desafiada por los funcionarios, quienes consideran que las soluciones propuestas no deben pasar por comprometer los derechos o la estabilidad de los trabajadores.
Ahora, la Corte de Apelaciones deberá decidir si admite a tramitación el recurso de Aprotec y, de ser así, si acepta la solicitud de suspensión del decreto N°38/2025 mientras se analiza el fondo del asunto. La expectativa en torno a esta resolución es alta, ya que podría sentar un precedente sobre cómo las instituciones públicas manejan la relación con sus trabajadores en tiempos de crisis y reestructuración, y sobre las implicancias de criterios que, a juicio de los funcionarios, son profundamente injustos y riesgosos para la equidad laboral.