Viviendas fiscales en crisis: ¿Qué futuro les espera?
El deterioro de los cercos de varias viviendas fiscales en la región ha generado preocupación entre las autoridades locales, quienes están comenzando a investigar cómo estos problemas pueden estar afectando la seguridad y comodidad de sus ocupantes. La situación se ha vuelto más crítica en algunos casos, donde las viviendas presentan fallas en la infraestructura debido a su antigüedad, resultando en problemas técnicos como la dificultad para pasar las certificaciones del gas natural. Esta situación se ha vuelto más evidente tras el retorno de tres funcionarios públicos al Gobierno Regional de Magallanes (Gore), quienes se vieron obligados a devolver sus viviendas fiscales. Según el jefe de la División de Administración y Finanzas, Diego Sierpe, es fundamental abordar esta problemática, ya que actualmente el Gore administra 55 viviendas que albergan a empleados públicos de diversas instituciones.
El Gobierno Regional está considerando un proyecto integral que permita la reparación de estas casas, aunque actualmente enfrenta limitaciones presupuestarias. Sierpe enfatizó que los recursos disponibles no son suficientes para cubrir todas las necesidades de mantenimiento y reparación. A pesar de estas restricciones, la División de Administración y Finanzas está trabajando en la creación de un manual que regule las normas de ocupación de las viviendas, incluyendo un análisis sobre la retroactividad de los plazos de ocupación. Esta revisión es crítico, ya que podría afectar a un gran porcentaje de los ocupantes actuales. Contraloría también se ha involucrado, exigiendo que se establezcan plazos de ocupación y procedimientos de restitución claros para evitar abusos.
A principios de mayo, el Contraloría instó a diversas entidades públicas a regular el uso de viviendas fiscales y a establecer plazos máximos de ocupación, lo que ha llevado a un renovado interés en el estado de estas propiedades. La Acción de Contraloría se originó al detectarse casos de ocupación indefinida y la falta de mantenimiento adecuado, lo que refleja la necesidad urgente de un marco normativo que asegure el buen uso y cuidado de estos recursos públicos. Como resultado, se espera que en un plazo de 60 días hábiles se presenten nuevas políticas y normas que ayuden a gestionar adecuadamente las viviendas fiscales, asegurando que sean utilizadas de manera justa y equitativa.
Asimismo, es importante señalar que el Ministerio de Obras Públicas también administra un número considerable de viviendas fiscales en la región. Estas propiedades presentan una serie de necesidades de reparación, y el seremi Alejandro Marusic aclaró que tanto el ministerio como los ocupantes tienen responsabilidades en cuanto a su mantenimiento. Las reparaciones menores, como pintar la fachada o arreglar el jardín, son responsabilidad del funcionario, mientras que el ministerio atiende problemas estructurales más complejos. Esta división de responsabilidades es crucial para garantizar que las viviendas se mantengan en condiciones habitables y, manteniendo un diálogo abierto y constructivo, se busquen soluciones adecuadas.
El proceso de asignación de viviendas fiscales también está regulado por un reglamento que toma en consideración las necesidades funcionales de los empleados públicos, así como el cumplimiento de requisitos básicos, como la falta de propiedad de otros inmuebles por parte del funcionario y su cónyuge. Sin embargo, el seremi Marusic indica que solo un pequeño porcentaje de empleados tiene la posibilidad de habitar estas viviendas, lo que puede limitar el acceso a este tipo de beneficios. Ante la necesidad de garantizar un uso responsable y equitativo de estos recursos, el Ministerio de Bienes Nacionales desempeña un papel fundamental en la fiscalización del uso adecuado de estas propiedades, asegurando que se alineen con las normativas vigentes.