Prevaricación alcalde Porvenir: Rechazo del sobreseimiento
El Juzgado de Letras y Garantía de Tierra del Fuego se pronunció este martes al rechazar el sobreseimiento temporal solicitado para el alcalde de Porvenir, José Gabriel Parada, quien enfrenta acusaciones de prevaricación. Esta decisión fue argumentada por el juez Pablo Aceituno, quien destacó que, a pesar de la existencia de una demanda civil interpuesta por la empresa Cobra contra la Municipalidad de Porvenir, no existe un vínculo directo entre los dos procesos, lo que llevó a la defensa a solicitar su sobreseimiento. Aceituno dejó claro que, aunque ambos casos están bajo su consideración, sus fundamentos legales son diversos y discurren en caminos separados.
El abogado defensor de Parada, Rodrigo Lillo, expresó su descontento con la resolución del tribunal y anunció su intención de apelar ante la Corte de Apelaciones. Aseguró que argumentarán que el sobreseimiento debería ser concedido hasta que se resuelva la demanda civil, ya que considera que hay un aspecto prejudicial que debe ser aclarado primero. Lillo destacó la complejidad del caso y fundamentó que, si su apelación es acogida, esto podría paralizar la investigación penal contra el alcalde hasta que se tome una decisión sobre la demanda civil.
La querellante en esta causa, Antonieta Palacios, quien representa a la empresa Cobra, apoyó la decisión del juez y destacó que su demanda civil y las imputaciones contra el alcalde son cuestiones completamente separadas. En sus declaraciones, Palacios enfatizó que la justicia no puede considerar los procesos de manera interdependiente, ya que cada uno cuenta con una naturaleza legal distinta que debe resolverse por separado. Esta postura refuerza la posición de que la causa penal no debe verse interrumpida o suspendida por el desarrollo de un proceso civil.
El juez Aceituno argumentó que no se puede vincular la acción civil con la acción penal que enfrenta José Gabriel Parada, ya que la naturaleza de ambos procedimientos es diferenciada. Detalló que el proceso civil parece ser un asunto contractual que concierne a la relación entre Cobra y la Municipalidad, mientras que las acusaciones penales se centran en la conducta del alcalde en su cargo. Esta división es crucial, puesto que la ley establece que las acciones penales deben progresar por sus propios méritos, sin ser afectadas por las circunstancias de otras acciones.
La defensa de Parada ahora tiene cinco días para presentar su apelación, tras lo cual deberá esperar que la Corte de Punta Arenas decida si acoger o no la argumentación planteada. Lillo se mostró optimista sobre el resultado de la apelación, sugiriendo que la Corte podría decidir a su favor, lo que traería consecuencias significativas para el cese temporal de la prenda penal. En caso de que la Corte confirme la decisión del juez de Porvenir, tanto la causa civil como la penal continuarían en paralelo, lo que mantendría al alcalde en una situación legal complicada y podría afectar tanto su mandato como la administración municipal.