Irregularidades en contrato de obras: ¿Qué reveló la Contraloría?
La Contraloría ha detectado una serie de irregularidades en la ejecución del contrato para el mejoramiento del complejo fronterizo Casas Viejas, en la provincia de Última Esperanza. Las obras, que fueron realizadas por la Dirección de Vialidad durante el gobierno de Gabriel Boric, resultaron en la interrupción del paso fronterizo durante más de un año. Entre las irregularidades destacan la violación de las condiciones de licitación y pagos indebidos que superan los 235 millones de pesos a la empresa constructora, lo que ha llamado la atención de la opinión pública y de las autoridades involucradas en el proyecto.
La investigación, que se inició tras una denuncia anónima, expone que el cierre total de la ruta durante las obras contravino las bases de licitación que expresamente lo prohibían. A pesar de esto, la empresa contratista solicitó al seremi de Transportes, Rodrigo Hernández, el cierre del paso fronterizo, argumentando que se desviaría el tránsito hacia el paso Dorotea. La Contraloría señaló que dicha decisión contravino las condiciones establecidas en las bases de licitación que obligaban a la empresa a garantizar el tránsito continuo y mantener caminos alternativos, por lo que se generaron pagos indebidos.
Además, el informe de la Contraloría reveló que se realizaron pagos excesivos relacionados con el desvío de la ruta, lo cual se consideró un enriquecimiento sin causa a favor del contratista. A pesar de los errores en los índices de reajuste aplicados, la Dirección Regional de Vialidad logró descontar gran parte de la excesiva suma en el estado de pago N°12, aunque con un saldo pendiente que deberá ser corregido dentro del plazo estipulado de 60 días hábiles ante el organismo fiscalizador.
El informe también documentó que la apertura total de la Ruta CH-253 se llevó a cabo antes de que el inspector fiscal verificara el final de las obras y sin la recepción provisoria requerida. El exseremi de Obras Públicas, José Luis Hernández, admitió anticipar la apertura, aunque justificó su decisión bajo la presión de actores de la industria turística. Esta falta de validación significó un exceso de atribuciones que socavó el principio de legalidad, lo que llevó a la Contraloría a exigir una respuesta contundente de la Dirección de Vialidad.
Finalmente, el informe destaca que el proyecto ha presentado un desfase de 30 meses en su cronograma original, con solo uno de los tres tramos programados finalizados y un costo que superó ampliamente las estimaciones iniciales. A pesar de que en 2018 el costo de las obras se estimaba en 14 mil millones de pesos, el costo final ha ascendido a 6 mil 428 millones, lo que representa un 162% más de lo previsto. Asimismo, la Contraloría advirtió que la falta de reevaluación de la normativa sobre inversiones compromete la eficacia del proyecto y su continuidad.