Expropiación de terrenos Punta Arenas: controversia legal
La reciente expropiación de los terrenos del Club Hípico de Punta Arenas, fundamental para el proyecto “Central Park” auspiciado por el Presidente Gabriel Boric, se encuentra bajo la supervisión de la Contraloría General de la República (CGR). Consejeros regionales de oposición han denunciado a través de un requerimiento la existencia de “graves inconsistencias” y posibles ilegalidades en el proceso de tasación, asegurando que el Ministerio de Vivienda presentó un informe que podría haber inflado el valor de la propiedad hasta tres veces su valor real. El proyecto, que pretende transformar 20,37 hectáreas en un Parque Central Urbano Habitable, ha fijado un coste provisional de indemnización de 21.832 millones de pesos, equivalentes a 553.712,48 UF, un monto sustancial que despierta inquietudes sobre la correcta evaluación de los terrenos involucrados.
El descontento surgió cuando el Ministerio de Vivienda (Minvu), citando “el escenario presupuestario actual y las prioridades del sector vivienda”, decidió no financiar la totalidad de la indemnización. En cambio, solicitó al Gobierno Regional de Magallanes (Gore) un cofinanciamiento de 10 mil millones de pesos, lo que evidenció las tensiones entre instancias gubernamentales. Consejeros como Rodolfo Arecheta y Roberto Weissohn han señalado la necesidad de investigar a fondo las “posibles ilegalidades” en el programa de expropiación del Club Hípico, exigiendo transparencia en el proceso que podría haber vulnerado principios legales fundamentales.
Las críticas al proceso de tasación han centrado su atención en la metodología aplicada por la Comisión de Peritos, la cual se considera defectuosa. Según lo denunciado ante la Contraloría, se utilizó un enfoque comparativo de mercado que ha sido tildado de “error aritmético”. Se determinó un valor de 12,41 UF por metro cuadrado basándose en un promedio de 15 propiedades, un procedimiento que concluyentes especialistas han calificado de erróneo. Comparar propiedades de características disímiles ha sido uno de los puntos más discutidos, al incluir terrenos como un estacionamiento del Unimarc, lo que habría inflado el precio estimativo de la propiedad. Además, la ausencia de datos confiables y la falta de un enfoque adecuado podrían haber comprometido la integridad de la evaluación.
La falta de independencia de los tasadores ha motivado un cuestionamiento adicional acerca de la validez del informe presentado. Según los denunciantes, dos de los tres tasadores son socias en una empresa de corredores de propiedades, lo cual podría vulnerar los principios de imparcialidad exigidos por la ley. Se argumenta que el informe carece de los fundamentos rigorosos y trazabilidad requeridos por el Instituto Nacional de Normalización (INN), lo que incrementa las dudas sobre la validez del tasador. Aunque se han presentado serias acusaciones, el Presidente Boric ha defendido la seriedad del proceso, desestimando las críticas de los opositores y sugiriendo que sus motivaciones pueden estar ligadas a intereses inmobiliarios.
Mientras las demandas de transparencia crecen, el director regional (s) del Serviu, Omar González, ha justificado que la tasación presentada es un monto provisional, dejando en manos del sistema judicial la determinación del valor definitivo. Contrario a las acusaciones de irregularidad, se ha señalado que el procedimiento de indemnización será revisado judicialmente, lo que podría dar lugar a cambios significativos en la valoración final de los terrenos. A medida que el debate sobre el proyecto “Central Park” avanza, se mantienen vigentes las interrogantes sobre la gestión pública y la necesidad de asegurar un proceso de expropiación que se rija bajo estrictos estándares técnicos y legales.