Desalojo Villa Las Etnias: La Corte Confirma el Proceso Legal
La Corte de Apelaciones de Punta Arenas ha emitido un determinante fallo en el caso del desalojo de los pobladores de villa Las Etnias, representados por Mónica Rivera Opazo. En su resolución, el tribunal categóricamente declaró que “el acto impugnado no menoscaba los derechos que los recurrentes estiman vulnerados”, lo que implica que el proceso de desalojo se lleva a cabo de acuerdo con la ley y sin ilegalidades. De esta manera, los pobladores deben entregar los terrenos ocupados ilegalmente, ubicados en prolongación de calle Hornillas, en un plazo que comenzó a contar desde la notificación recibida este lunes.
El Seremi de Vivienda y Urbanismo, Rodolfo Guajardo Barría, se mostró optimista respecto al desarrollo del proceso, invitando a que el desalojo se realice de forma voluntaria y ordenada, similar a lo acontecido con los ocupantes del asentamiento Lautaro. De acuerdo a la notificación, los pobladores tienen cinco días para desocupar el lote conocido como villa Las Etnias, donde han estado ocupando terrenos sin título legal. La decisión de la Corte se basa en la competencia de las autoridades para requerir la restitución de bienes públicos.
Los recurrentes habían solicitado incluso una orden de innovar para frenar el desalojo, argumentando que este era “arbitrario e ilegal”. Sin embargo, el tribunal, conformado por los ministros Marcos Kusanovic, Claudio Jara y Roxana Salgado, señaló que el fallo no solo es legal, sino que se ajusta a un procedimiento administrativo formal donde la restituión de la propiedad ocupada se fundamenta en el hecho de que esta ocupación fue sin título, además de estar en una zona declarada en riesgo sanitario desde diciembre de 2024.
En su argumentación, los ministros también sostuvieron que la situación social que enfrentan los pobladores no puede justificar la ocupación ilegal de terrenos, resaltando que existen vías legales para obtener vivienda. Dichas afirmaciones fueron contundentes, estableciendo que la toma de terrenos no es una solución amparada por el derecho. Por ende, se invitó a la población a buscar alternativas legales que permitan acceder a la vivienda propia.
Finalmente, la Corte de Apelaciones dejó en claro que no hay evidencia de un acto ilegal o arbitrario que afecte el derecho de los pobladores, y por lo tanto, el recurso presentado debe ser rechazado. Esta resolución representa un paso firme en la aplicación de la ley sobre la ocupación de terrenos públicos, subrayando la importancia de mantener el orden y el respeto a la propiedad en el contexto de la crisis habitacional que enfrenta la región.