Desalojo villa Las Etnias: Historias de Familias en Crisis
Mónica Rivera, la dirigenta de la toma villa Las Etnias, ha rechazado de manera contundente las acusaciones que la señalan como propietaria de una vivienda en otra región del país. Durante su intervención, Rivera calificó como “mentiras” las aseveraciones de la seremi de Vivienda, enfatizando que su único rol dentro de la agrupación es registrar a las personas que buscan soluciones habitacionales. “Yo no tengo propiedad en ningún lado”, afirmó nuevamente, subrayando que la tarea de verificar los beneficios corresponde al Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu). Esta declaración se produce en un contexto donde más de 90 familias en la toma enfrentan el inminente desalojo tras recibir notificaciones en las últimas semanas, lo que ha elevado la tensión y el llamado a una pronta solución por parte de las autoridades.
Rivera también expresó su frustración por la exigencia de abandonar el terreno donde han estado residiendo por cerca de once años. “No encuentro justificación para despojarnos de nuestro hogar”, remarcó, mientras cuestionaba el proceso administrativo que ha fracasado en ofrecer una solución efectiva a las familias que allí viven. La dirigenta recordó que han pasado por la experiencia de tres gobiernos y aún no se les ha presentado una alternativa viable a su situación. Insistió en que algunas personas podrían estar eludiendo el censo para acceder a beneficios en otras regiones, pero enfatizó que la mayoría de los ocupantes no tienen recursos suficientes para pagar rentas, ya que “estamos aquí porque no tenemos para rentar”.
Entre las familias afectadas se encuentra Mirta Espíndola, madre de tres hijos, quien ha manifestado la dificultad que enfrentan para encontrar una vivienda en el contexto económico actual. Espíndola mencionó que los precios de los arriendos superan un millón de pesos, una cifra inalcanzable para muchas de las familias que viven en la toma. “Con tres familias es muy difícil encontrar un lugar donde ir, además con los altos precios y las restricciones que tienen los propietarios sobre mascotas”, comentó. En su caso particular, la situacion se convierte en doble dificultad, ya que su hogar es compartido con un perro, lo cual limita aún más las opciones de arriendo disponibles.
Por su parte, Juan Miranda, un trabajador del sector pesquero, ha compartido su experiencia en la toma, destacando que, tras intentar acceder a una vivienda mediante los canales tradicionales sin éxito, decidió establecer su hogar en la toma, adaptando una bodega. Sin embargo, el contexto de desalojo lo ha llevado a desesperarse ante la posibilidad de encontrar otra alternativa. Sus ingresos fluctuantes, que oscilan entre 500 mil y 600 mil pesos mensuales, han hecho que la exigencia de pagar tanto el primer mes de arriendo como la garantía sea un desafío crítico. “¿A dónde vamos a conseguir tanto dinero para pagar los arriendos?”, se cuestionó, haciendo eco de la incertidumbre que enfrenta junto a su pareja y su mascota.
La situación en villa Las Etnias ha suscitado preocupación no solo por los desalojos iminentes, sino también por la falta de una respuesta efectiva por parte del Serviu. Rivera ha señalado que tras múltiples intentos de comunicarse con la funcionaria encargada, no ha logrado obtener una respuesta satisfactoria que les permita avanzar hacia una solución definitiva. Además, criticó las inconsistencias en las soluciones prometidas, indicando que inicialmente se ofrecieron apoyos para el arriendo que, poco después, fueron retirados. Ante este escenario, con tan solo 72 familias restantes y un futuro incierto, la dirigenta llama a las autoridades a reconsiderar y presentar opciones que aseguren una reubicación digna para quienes han llamado villa Las Etnias su hogar por una década.