Desalojo Las Etnias: ¿Qué significa para las familias afectadas?
“No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague”, reza un conocido refrán que hoy cobra resonancia en el contexto del desalojo de la toma Las Etnias, ubicada al norponiente de la ciudad, colindante con la villa Cardenal Raúl Silva Henríquez. Este delicado asunto se ha convertido en uno de los principales desafíos para la actual administración del Ministerio de la Vivienda. Se trata de un problema que se arrastra desde gestiones anteriores, las cuales no lograron ejecutar el desalojo de los terrenos ocupados ilegalmente. En marzo, el ministro Iván Poduje hizo un compromiso público de llevar a cabo esta operación, debido a la crisis sanitaria que ha surgido como consecuencia del vertimiento de desechos domiciliarios en la zona, afectando gravemente la calidad de vida de los vecinos.
El cierre del jardín infantil y del Centro de Salud en la villa Cardenal Raúl Silva Henríquez fue una medida que evidenció la urgencia de desactivar esta situación. Según un catastro preliminar, se estima que hay 83 ocupaciones ilegales en la toma Las Etnias y 37 en la adyacente Lautaro. Para poder avanzar en el desalojo, los equipos del Serviu han realizado una exhaustiva revisión del padrón habitacional, diferenciando a las personas con necesidades habitacionales reales de aquellas que ya cuentan con subsidios estatales. De acuerdo a los plazos establecidos, el 31 de diciembre debe finalizar el desalojo, con el compromiso del Minvu de cerrar el perímetro de los terrenos.
Hasta el momento, 47 familias han abandonado la toma, de las cuales 22 viviendas han sido desarmadas. Entre estas, 8 estructuras prefabricadas se encuentran a la venta, 8 más están en proceso de desarme, y 8 permanecen abandonadas. Rodolfo Guajardo Barría, seremi de Vivienda y Urbanismo, destacó el hecho de que las personas se estén retirando de manera voluntaria, facilitando así un proceso menos conflictivo. La cifra de viviendas desocupadas ha sido confirmada y se están llevando a cabo las acciones necesarias para que aquellas que han sido desarmadas queden disponibles nuevamente.
El seremi también mencionó que desde el mes de agosto se establecieron los plazos para el desalojo, otorgando un tiempo razonable y las facilidades pertinentes para los residentes. Guajardo agregó que los equipos del Minvu han estado en el lugar de la toma colaborando con las familias en el proceso de desarme, lo que ha sido considerado como un desarrollo positivo para el resultado final. A pesar de que no quiso fijar una fecha exacta para el desalojo forzado, sí enfatizó que “la fecha está fija”, generando expectativas entre la población afectada.
En cuanto al tema de la reubicación, el seremi indicó que hay personas postulado a las distintas instancias del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, lo que demuestra la disposición de algunos residentes para buscar soluciones habitacionales. Sin embargo, dejó en claro que no hay garantías de que quienes actualmente ocupan la toma puedan acceder a una solución definitiva tras el desalojo, pues cada persona debe postular de manera individual como cualquier otro ciudadano. “Es importante destacar que la responsabilidad recae en cada uno en la búsqueda de una vivienda digna”, concluyó Guajardo.