Desalojo en villa Las Etnias: La verdad detrás del nuevo plazo
El diálogo y la concordia marcan la pauta en la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y el Serviu de Punta Arenas, en un momento crítico para los habitantes de la toma Villa Las Etnias. A pesar de que el desalojo estaba programado para este lunes, un cambio en la dinámica se produjo gracias a la mediación del obispo Oscar Blanco Martínez y el trabajo del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Este acercamiento ha permitido extender el plazo de desalojo hasta el 15 de noviembre, brindando así un respiro a las familias que aún permanecen en esta ocupación irregular, ubicada al norponiente de la villa Cardenal Raúl Silva Henríquez.
Durante la jornada previa a esta decisión, el seremi de Vivienda, Rodolfo Guajardo, se reunió con Mónica Rivera, la dirigenta de la toma, para negociar los términos del desalojo. En su comparecencia ante los medios, Guajardo se mostró optimista y agradecido por la salida voluntaria de algunas familias, que hasta la fecha suma más de 20. Según el administrativo, la idea es facilitar el proceso para quienes están desmontando sus propiedades y mejorar la coordinación entre las autoridades y los afectados, en un marco de convivencia pacífica.
Este desalojo tiene sus antecedentes en marzo, cuando el ministro Iván Poduje mencionó el inicio de acciones para recuperar los terrenos ocupados. Con plazos que fueron inicialmente ajustados durante el invierno y luego extendidos, se buscó una solución que permitiera tanto la restitución de los terrenos al Serviu como el respeto de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad. La meta final es tener el terreno completamente desocupado para el 31 de diciembre, cuando comenzará el cierre perimetral de la propiedad.
El seremi Guajardo se ha mostrado atento a las dinámicas sociales en la toma, indicando que algunos habitantes poseen beneficios sociales y que ha habido presiones internas que dificultan el abandono del terreno por parte de algunos. No obstante, se destaca que el objetivo primordial de su gestión es asegurar la vivienda para aquellos que realmente la requieren, lo que ha llevado a varias familias a reconsiderar su situación y optar por una salida voluntaria.
Por su parte, el director subrogante del Serviu, Homero Villegas, confirmó que se publicará una licitación para el cierre perimetral del área, una vez que se complete el desalojo. Además, advirtió que terrenos próximos, de propiedad de otras entidades, deberán ser cercados por sus propietarios, garantizando así que las acciones tomadas cumplan con un marco legal adecuado. La situación en Villa Las Etnias continúa bajo la lupa, mientras se espera que se mantenga el diálogo y la paz en la resolución de este conflicto habitacional.