Daño al mural en la Universidad de Magallanes: ¿Qué está detrás de la defensa?
La defensa de los tres jóvenes imputados por el daño al mural conmemorativo de Silvio Francisco Bettancourt, el único detenido desaparecido de la región de Magallanes, ha presentado una solicitud ante el Juzgado de Garantía de Punta Arenas. A través de su abogado, Pablo Chandía Ayala, se pide que se reserve la información del caso y se limiten las coberturas públicas en torno al proceso judicial. Esta petición se discutirá en la audiencia programada para el 7 de septiembre y busca proteger los derechos de los imputados ante el incremento del hostigamiento mediático y social que han enfrentado desde que se hizo pública la situación.
El requerimiento presentado por la defensa invoca la institución de la cautela de garantías, exigiendo que los antecedentes del caso queden disponibles solo para los intervinientes en el mismo, es decir, solo para las partes legales y judiciales involucradas. Asimismo, solicita que se restrinja el acceso tanto del público como de los medios de comunicación a la sala de audiencia, en una medida que busca salvaguardar la privacidad y seguridad de los jóvenes acusados. De ser aprobada, esta decisión podría sentar un precedente importante en casos similares que lidian con la intersección de la actividad política y la justicia.
El abogado Chandía Ayala argumenta que los imputados han experimentado un acoso severo tras la difusión del caso. Según su defensa, las declaraciones de los jóvenes, que niegan haber actuado por un impulso delictivo y afirman que su acción estuvo motivada por razones políticas, fueron sacadas de contexto y amplificadas en el ámbito público. Un hecho alarmante mencionado en el escrito es que un perfil en redes sociales divulgó información personal de los tres jóvenes, lo que generó un ambiente de amedrentamiento, incluyendo amenazas directas hacia uno de ellos.
La defensa también sostiene que, aunque no se puede afirmar que el vandalismo haya tenido un trasfondo político, la relevancia e interpretación pública del incidente han desbordado el contexto judicial. En su argumentación, citan un artículo del Código Procesal Penal que permite al tribunal proteger la intimidad y la seguridad de los intervinientes cuando sea necesario, además de la Ley Zamudio que busca evitar la discriminación por motivos de ideología o convicciones.
El caso se remonta a la madrugada del 29 de noviembre de 2025, cuando el mural en honor a Bettancourt fue vandalizado, recibiendo pintura blanca que ocultó su mensaje conmemorativo. La Fiscalía, encabezada por la fiscal jefe Johanna Irribarra, ha calificado el hecho como un delito de daños simples y solicita una pena de 541 días para los imputados. La Universidad de Magallanes, como parte interesada, ha presentado una querella, mientras que el juez Ignacio Low Miranda debe ahora evaluar la solicitud de la defensa en la audiencia del 7 de septiembre.