Corte Suprema: Las Demoras Judiciales que Afectan a Consumidores
El abogado Rodrigo Ortiz Valenzuela, encargado de representar a un amplio grupo de consumidores afectados por las irregularidades del Cementerio Parque Cruz de Froward, ha reactivado su lucha legal tras la prolongada demora en el cumplimiento de una sentencia dictada por la Corte Suprema en 2019. Esta sentencia había surgido a raíz de una demanda colectiva que cuestionaba la validez de derechos de sepultación adquiridos en terrenos que no cumplían adecuadamente con su finalidad. Tras años de litigación, las víctimas esperaban la implementación de medidas de reparación, pero el tiempo ha demostrado que tales expectativas están lejos de materializarse.
Desde la confirmación de la sentencia, múltiples obstáculos han surgido en el procedimiento, principalmente relacionados con el artículo 54 letra E de la Ley N°19.496, que debería facilitar la identificación de los consumidores elegibles para beneficiarse de la decisión judicial. A pesar de que la ley establece plazos breves para esta etapa, el proceso se ha estancado debido a recursos, incidentes y paralizaciones, generando un efecto dañino sobre la vida y los derechos de los consumidores. Rodrigo Ortiz ha expresado su frustración ante la Corte Suprema, solicitando su intervención para que se adopten medidas que permitan acelerar la resolución de este prolongado caso.
La situación se agravó aún más a mediados de agosto de 2026, cuando el Primer Juzgado de Letras de Punta Arenas dejó constancia de la imposibilidad de avanzar en el procedimiento debido a que el expediente físico aún estaba bajo el manejo de la Corte de Apelaciones. Este estancamiento ha provocado un clima de incertidumbre y desesperación entre los consumidores que han visto un retraso en el cumplimiento de una sentencia que debería ser el vehículo hacia su reparación y justicia. “Esto crea una paralización inaceptable”, afirmó Ortiz, refiriéndose a un sistema judicial que parece no poder avanzar en casos que deberían ser prioritarios.
Uno de los aspectos más desgarradores del caso es el hecho de que varios de los consumidores beneficiarios han fallecido sin haber visto resueltas sus demandas. Este panorama plantea serias preguntas sobre el valor real de un sistema judicial que no logra traducir fallos favorables en reparaciones efectivas. “Un proceso que se extiende indefinidamente corre el riesgo de despojar de significado a una sentencia favorable”, argumentó Ortiz, mientras enfatiza la gravedad de la situación y cómo el paso del tiempo ha transformado esperanzas de justicia en sufrimiento.
En la reciente solicitud ante la Corte Suprema, Ortiz ha pedido una revisión exhaustiva de la situación del proceso, así como la identificación de posibles irregularidades o incumplimientos administrativos que estén contribuyendo a la paralización. Se busca que el tribunal fije responsabilidades y promueva un avance real en la ejecución de la sentencia. El abogado concluye insistiendo en que “no se trata de perjudicar a alguna de las partes, sino de asegurar que el sistema judicial cumpla adecuadamente su función. Es hora de que la sentencia deje de ser solo un documento en un expediente y se convierta en una realidad tangible para los afectados”.