Consulta indígena 2025: ¿Qué significa invalidar el proceso?
El Ministerio del Medio Ambiente ha iniciado un procedimiento administrativo para invalidar el Acta de Acuerdos y Desacuerdos de la consulta indígena llevada a cabo en 2025, en relación a la implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). Esta acción, decretada por la ministra Francisca Toledo a través de la Resolución Exenta N°04158 el 27 de julio, refleja un notorio contraste con la gestión de la administración anterior. En el fundamento de la medida, se menciona que el gobierno previo extravió el listado original de firmas de los representantes indígenas que apoyaron el Acta del 20 de diciembre de 2025, un documento que nunca fue incluido en el expediente oficial, lo que ha generado un debate sobre la validez del proceso de consulta indígena.
El seremi del Medio Ambiente de Magallanes, Gonzalo Rosenfeld, justificó la decisión del ministerio, afirmando que la medida busca “corregir las inconsistencias detectadas y resguardar los derechos de los pueblos indígenas, asegurando una implementación sólida y legítima” del SBAP. Rosenfeld también confirmó que el intento de reconstruir las firmas, llevado a cabo por las seremis de todo el país, no logró recabar el respaldo documental completo. De los 101 representantes que participaron en la última sesión del Diálogo Nacional, solo se obtuvieron 50 firmas válidas, dejando a 29 representantes sin un registro que aclare si apoyaron, rechazaron o se abstuvieron.
Por otro lado, el exseremi del Medio Ambiente de Magallanes, Enrique Rebolledo, rechaza la interpretación del ministerio, defendiendo que la administración actual recibió un expediente completo en marzo. Rebolledo asevera que la supuesta falta de un listado de firmas no es un impedimento para avanzar, ya que los registros documentales y las firmas de respaldo se mantienen. A su juicio, el proceso de consulta indígena debería continuar sin el riesgo de invalidar acuerdos que, según él, fueron logrados a través de un arduo trabajo de seguimiento y diálogo con las comunidades indígenas.
Ambas versiones coinciden en que el hecho de las firmas en Magallanes es cuestionable, aunque difieren en la magnitud. La resolución del ministerio indica que 29 representantes a nivel nacional tienen inconsistencias en su respaldo documental. Rebolledo, sin embargo, argumenta que la falta se limita a dos firmas en la región de Magallanes, ya que la delegación local fue la más activa durante el proceso, contabilizando más de 47 reuniones con comunidades indígenas. Este debate sobre la validez de las firmas y la interpretación de los acuerdos pone en tela de juicio la continuidad del SBAP bajo la gestión actual.
Finalmente, el ministerio ha convocado a audiencias previas en todas las regiones para evaluar el proceso antes de tomar una decisión definitiva. En Punta Arenas, la audiencia presencial está programada para el 2 de septiembre, mientras que la modalidad online será el 3 de septiembre. Los interesados deben confirmar su modo de asistencia antes del 26 de agosto y tendrán un plazo de diez días hábiles para presentar alegaciones escritas. Este proceso abierto invita a la participación y la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, marcando un hito crucial en la gestión ambiental del país.