Colusión en la Industria de la Centolla: ¿Quiénes son los Afectados?
Un grupo de 91 pescadores artesanales de Magallanes ha decidido unirse como tercero coadyuvante en la causa por colusión que involucra a la industria de la centolla, actualmente en trámite ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). Esta acción legal, respaldada por los abogados Pedro Venegas Villavicencio y Valentina Venegas Sepúlveda, busca permitir a los armadores y tripulantes de la pesca artesanal, identificados por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) como los principales afectados por la colusión, participar activamente en el desarrollo del juicio. La formalización de esta solicitud se basa en el Código de Procedimiento Civil y cumple con los requisitos establecidos por la jurisprudencia para la intervención de terceros en materia de libre competencia.
Los solicitantes, que expresan haber sido “engañados por las empresas requeridas durante años”, argumentan que el perjuicio que sufrieron va más allá del ámbito económico, impactando directamente en su calidad de vida. Este grupo, que en su mayoría está constituido por tripulantes de la pesca artesanal de Porvenir y sus alrededores, abarca incluso a una mujer armadora, lo que subraya la diversidad dentro del sector afectado. Los mandatos judiciales que autorizan su representación fueron otorgados entre diciembre de 2025 y abril de 2026, abarcando una amplia región que incluye localidades como Punta Arenas, Calbuco, Castro, Tierra del Fuego y Ancud, reflejando la dispersión geográfica de los pescadores perjudicados.
La presentación de esta causa llega tras un prolongado proceso de organización entre los pescadores, que enfrentaron el desafío de coordinarse de manera efectiva en un ambiente de temor a represalias comerciales. En abril, durante una audiencia ante el TDLC, la FNE presentó un extenso expediente de investigación, que incluye 170 llamadas telefónicas interceptadas y 55 documentos incautados. Jaime Cosme, dirigente de la caleta Barranco Amarillo, había anticipado previamente que cerca de 200 personas estaban en el proceso de unirse a una demanda colectiva, evidenciando el creciente deseo de los pescadores de hacer valer sus derechos.
En mayo, representantes del sector de la pesca artesanal llevaron sus denuncias sobre prácticas de “burda colusión” en los precios de la centolla, el erizo y la luga directamente a la Delegación Presidencial Regional. Según las investigaciones, se estima que siete empresas serían responsables de concentrar entre el 81% y el 88% de las compras de centolla magallánica entre 2017 y 2021, coordinando precios durante un mínimo de nueve temporadas consecutivas. Esta situación ha dejado a aproximadamente 2.000 familias afectadas anualmente, con la FNE solicitando multas que superan las 62.000 UTA, lo que equivale a más de 53 mil millones de pesos.
La implicación de los pescadores en este proceso judicial, como terceros coadyuvantes, representa un paso significativo en la lucha por la defensa de la libre competencia y la equidad en el mercado pesquero de Magallanes. La participación activa de los afectados marca un precedente en la forma en que las comunidades pueden defender sus derechos frente a prácticas empresariales desleales. Este caso, que continúa desarrollándose, tiene el potencial de generar cambios importantes en la regulación del sector pesquero, incentivando el respeto por la competencia justa y la protección de los intereses de quienes dependen, directa e indirectamente, de la industria pesquera.