Cierre del Sapu: Impacto en la Atención de Urgencia
El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, ha manifestado su profunda preocupación por la situación sanitaria de la comuna tras enviar un oficio a la ministra de Salud, Ximena Aguilera, alertando sobre el impacto negativo que ha tenido el desfase administrativo entre la firma de convenios y la transferencia de fondos por parte del Servicio de Salud Magallanes. Este desfase ha puesto en riesgo la continuidad de las prestaciones y servicios de urgencia, generando un clima de incertidumbre tanto financiera como administrativa que pone en jaque los programas de salud municipal. Radonich subraya la necesidad urgente de que el Gobierno clarifique esta situación, ya que la falta de información técnica está afectando gravemente la atención a los ciudadanos.
Entre las acciones emprendidas, el alcalde informó sobre el cierre provisional del Servicio de Atención Primaria de Urgencia (Sapu) de 18 de Septiembre, una decisión que, aunque fundamentada en la baja demanda del servicio durante el periodo estival, ha generado críticas. Según Radonich, el costo mensual de mantener todos los dispositivos operativos asciende a entre 60 y 70 millones de pesos, por lo que se ha optado por redistribuir personal a otros SAPUs que tienen mayor afluencia. Sin embargo, el cierre ha tenido repercusiones en una población de adultos mayores que se verán forzados a desplazarse a otras localidades para recibir atención, una situación que el alcalde ha calificado como una amenaza a su bienestar.
La polémica en torno al cierre del Sapu 18 de Septiembre ha generado reacciones variadas entre los concejales y la comunidad. El concejal Jonathan Cárcamo ha denunciado que la decisión fue comunicada a los funcionarios de manera intempestiva, lo que ha generado incertidumbre laboral. Adicionalmente, Tatiana Leuquen, representante de la Unión Comunal de Consejos de Desarrollo, criticó lo que considera un enfoque mercantilista de la salud, al priorizar aspectos económicos sobre el bienestar de los usuarios. Desde el Comité Pro Adelanto del Barrio 18 de Septiembre, se ha advertido que la medida afecta directamente a alrededor de 15,000 vecinos, enfatizando que la salud no puede ser objeto de decisiones meramente administrativas.
Para enfrentar esta complicada situación, Radonich ha tomado múltiples medidas, incluyendo el envío de un oficio no sólo a la ministra Aguilera, sino también a parlamentarios regionales, buscando apoyo y sensibilidad ante un tema que trasciende lo político y se enfoca en la defensa de la salud pública. Se prevé que el próximo lunes, la Comisión de Salud del Concejo Municipal, encabezada por la concejala Marcela Laisle, realice una reunión clave con representantes de la Corporación Municipal (Cormupa), el Servicio de Salud y gremios del sector, para abordar esta problemática y exigir que el Gobierno libere los fondos necesarios para mantener operativos todos los SAPUs.
La situación sanitaria en Punta Arenas, tal como lo describe el alcalde Radonich, se encuentra en un estado crítico, evidenciando un ‘retraso nunca visto históricamente’ en la gestión de salud pública por parte del Gobierno. Sin embargo, la respuesta que espera de la ministra Aguilera es clara: obtener certeza y financiamiento que garantice la continuidad de los dispositivos de urgencia. La comunidad de Punta Arenas aguarda con expectativa las decisiones que se tomen en las próximas reuniones, ya que la salud pública es un derecho fundamental que debe prevalecer sobre cualquier tipo de gestión administrativa o de recortes de presupuesto.