Auditoría Estados Financieros: Inconsistencias Detectadas
La Contraloría General de la República ha decidido abstenerse de emitir una opinión sobre los estados financieros del año 2022 debido a diversas inconsistencias graves. Entre los problemas detectados se encuentran costos de inversión no respaldados, rendiciones de cuentas que no han sido contabilizadas, y un deficiente control sobre los activos. En particular, la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) fue señalada en un informe reciente por presentar desórdenes significativos en su gestión financiera, lo que ha generado preocupación sobre la eficacia del control financiero en esta institución.
A nivel regional, se han evidenciado varias falencias en la gestión de la Junji, específicamente en la dirección regional de Magallanes. En un análisis detallado, la Contraloría observó una discrepancia alarmante de $701.034.728 entre las cifras reportadas en las planillas de control y lo que figura en el Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado (SIGFE II). Estos desajustes revelan que las rendiciones realizadas por los sostenedores no han sido revisadas ni contabilizadas adecuadamente, lo que podría llevar a una sobrevaloración de las cuentas por cobrar y una subestimación del gasto patrimonial.
La situación se agrava aún más con la identificación de una diferencia de $187.228.623 entre los saldos de los registros auxiliares y el saldo contable en la Junji regional. Mientras que los registros auxiliar presentan un saldo de $1.336.859.865, la contabilidad oficial reporta solo $1.149.631.242. Además, se descubrió una merma de $62.564.725 entre el saldo de arqueo y el saldo contable del registro de boletas de garantía, lo que demuestra serias deficiencias en el control financiero y en la conciliación de las cuentas.
Cabe destacar que la Junji no es la única institución afectada, ya que el municipio de Primavera también se encuentra en una situación similar, con la Contraloría optando por no emitir opinión sobre sus estados financieros. El delegado presidencial regional, José Ruiz Pivcevic, ha instado a las entidades públicas a colaborar y responder de manera efectiva a los requerimientos de la Contraloría, enfatizando en la urgencia de resolver los desórdenes financieros que afectan a más de 73 instituciones en el periodo 2020-2024.
A nivel nacional, el desorden financiero detectado por la Contraloría se traduce en un asombroso monto de US$17 mil millones, equivalente a cerca de un sexto del presupuesto nacional proyectado para 2026. Entre las instituciones que concentran mayores montos de recursos cuestionados se encuentran el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Vivienda y el Ministerio del Interior. La Contraloría ha explicado que esta situación se debe a la incapacidad de los auditores para obtener evidencia satisfactoria sobre los saldos contables, lo que se atribuye a debilidades en los controles internos y problemas sistémicos en la gestión de recursos públicos.