Usurpación de propiedad: ¿Qué está pasando en Punta Arenas?
La Inmobiliaria Salfa ha decidido presentar una querella criminal por usurpación no violenta ante el Juzgado de Garantía, apoyándose en el artículo 457 del Código Penal, dada la situación que enfrenta en sus tierras ubicadas en Punta Arenas. Desde 1997, la empresa es la legítima propietaria de un inmueble de 2,5 hectáreas, donde han surgido asentamientos irregulares ocupados por varios grupos familiares. A lo largo de los años, los ocupantes han construido diversas edificaciones, lo que ha llevado a la Inmobiliaria a emprender acciones legales en defensa de su propiedad.
El conflicto ha ganado notoriedad en la región, atrayendo la atención de autoridades como el Ministro de Vivienda, Iván Poduje, quien visitó Punta Arenas en medio de un ambiente tenso debido a los desplazamientos programados para 2026. Ante esta situación, Inmobiliaria Salfa ha intentado negociar de manera pacífica, llevando a cabo reuniones con autoridades locales para coordinar esfuerzos de desalojo y limpieza del terreno. Sin embargo, la falta de avances concretos obligó a la empresa a recurrir a los sistemas legales disponibles, evidenciando la gravedad del problema que enfrenta.
Según la querella presentada por Inmobiliaria Salfa, los ocupantes del inmueble no solo han invadido la propiedad, sino que también han llevado a cabo obras sin ningún tipo de autorización. Esto atenta contra las facultades que tiene la empresa como dueña del terreno. La situación se torna más compleja dado que la ley establece sanciones económicas para quienes incurran en delitos de usurpación, las cuales varían en función de la violencia empleada o no durante la ocupación del inmueble.
La empresa ha solicitado una investigación exhaustiva para determinar los hechos que justifican su demanda, pidiendo a la Fiscalía que envíe órdenes de indagación a la Policía de Investigaciones y Carabineros. Esto incluye la recolección de testimonios de los vecinos, quienes podrían proveer información clave sobre la ocupación irregular del terreno. El interés de Inmobiliaria Salfa por recuperar el control de su propiedad pone de manifiesto un conflicto que estremece a la comunidad, con implicaciones legales y sociales que podrían verse reflejadas en futuras intervenciones gubernamentales.
Este caso representa un desafío significativo para el sistema legal chileno, ya que aborda temas de propiedad, derechos de vivienda y las dinámicas que se generan en poblaciones vulnerables. A medida que se desarrollan los acontecimientos, se espera que el Juzgado de Garantía revise todas las evidencias presentadas y tome una decisión que no solo afectará a la Inmobiliaria Salfa, sino también a los grupos familiares que han establecido su hogar allí. El desenlace de esta situación será crucial para definir las políticas de uso del suelo y el manejo de conflictos territoriales en la región.