Tasaciones Club Hípico Punta Arenas: Irregularidades Reportadas
La presentación ante la Contraloría por parte de los consejeros regionales Rodolfo Arecheta y Max Salas ha puesto en el centro del debate las presuntas irregularidades en las tasaciones realizadas por el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) en el contexto del proceso de expropiación de los terrenos del Club Hípico de Punta Arenas. Los consejeros, representantes de la oposición, argumentaron que los documentos utilizados en las tasaciones no cumplen con los estándares normativos exigidos en Chile, lo que generó un fuerte cuestionamiento sobre la transparencia y la legalidad del proceso.
El gobernador regional, Jorge Files, defendió la legalidad del proceso de expropiación, afirmando que este se ha realizado de acuerdo con el derecho administrativo y subrayó que todo está bajo la revisión de la Contraloría. Files se mostró confiado en que su gestión será validada por esta entidad, la cual tiene la responsabilidad de evaluar los procedimientos ejecutados por el Serviu y su adecuación a las normativas vigentes. Según el gobernador, el trabajo realizado se llevó a cabo “de manera muy correcta”, a pesar de las acusaciones de los consejeros.
En una votación en la que el Consejo Regional aprobó el traspaso de $10 mil millones al Ministerio de Vivienda para continuar con la expropiación, el consejero Max Salas no escatimó en críticas, acusando a las tasaciones de ser “truchas”. Este comentario desató un intenso intercambio entre los consejeros y las autoridades del Serviu y del Ministerio de Vivienda (Minvu), quienes defendieron la validez de los informes y la necesidad urgente de avanzar con el proceso de adquisición de los terrenos.
El proceso de expropiación, que comenzó en 2023, ha fijado el valor de los terrenos en $21.832 millones, una cifra que ha sido considerada por algunos como muy inferior a los $44 mil millones que el directorio del Club Hípico había solicitado inicialmente. Esta diferencia de valoración ha generado una fuerte controversia y plantea interrogantes sobre la metodología utilizada para determinar el valor de los terrenos, así como la intención detrás de la expropiación que se ejecuta en un momento de necesidad habitacional.
La situación sigue desarrollándose en un clima de tensión política y social, donde las respuestas de ambos lados son escrutadas por la ciudadanía. Los consejeros regionales y el gobernador Files han asumido posturas firmes, lo que podría influir en futuros procesos de expropiación y en la confianza pública en el manejo de estos recursos estatales. A medida que la Contraloría avanza en su evaluación, será crucial establecer la validez de las críticas y determinar si las irregularidades señaladas por los consejeros tendrán consecuencias en la administración pública local.