Reforma a los Funcionarios Públicos: Respuesta de Ruiz Pivcevic
El delegado presidencial regional, José Ruiz Pivcevic, se pronunció hoy sobre las críticas formuladas por la oposición en relación con la reciente norma impulsada por el gobierno, que contempla un reajuste en la ley para el sector público. Esta iniciativa, que introduce mayores exigencias para la no renovación de funcionarios a contrata, ha generado un intenso debate político, con acusaciones de que podría ser un mecanismo para consolidar a funcionarios leales a la actual administración. Ruiz Pivcevic enfatizó que esta percepción es incorrecta y aclaró que la medida busca distinguir entre funcionarios de carrera y aquellos en cargos de confianza política.
Durante su intervención, Ruiz Pivcevic explicó que los funcionarios a contrata, muchos de los cuales llevan años de dedicación al Estado, no están incluidos en el mismo marco que las posiciones de confianza política, tales como jefaturas de gabinete y equipos asesores. Estas últimas finalizan automáticamente con el término del gobierno, algo que él considera justo y necesario. “Los cargos que me acompañan en la Delegación son de gabinete y deben culminar su contratación con esta administración”, señaló, reafirmando la legalidad detrás de la medida.
El delegado también destacó que la nueva normativa no busca obstaculizar las desvinculaciones, sino que prioriza que estas se realicen de manera justificada y fundamentada. “La no renovación de un contrato debe ser respaldada por un acto administrativo bien argumentado, basado en hechos y fundamentos legales claros, en lugar de apelar simplemente a las necesidades del servicio público”, comentó. Esto, según él, garantizará una mayor transparencia y justicia en la gestión de recursos humanos en el sector público.
Esta polémica surge en medio de la discusión política dentro del Parlamento, donde la propuesta fue revisada en comisiones y recibió apoyo transversal de varios sectores. Sin embargo, la oposición ha cuestionado la medida señalando que podría favorecer a cerca de 32.700 funcionarios a contrata que ingresaron al Estado bajo la administración del presidente Gabriel Boric. Los sectores de salud y educación son los más mencionados como potencialmente beneficiados, lo que ha alimentado los temores de un clientelismo político encubierto.
En respuesta a las preocupaciones sobre los funcionarios que pudieran beneficiarse por esta normativa, Ruiz Pivcevic indicó que no cuenta con cifras específicas a nivel regional o nacional sobre el tema, e insistió en que el debate legislativo continuará en el Congreso. “Es evidente que este proceso legislativo se irá puliendo, ya que la discusión ya había comenzado previamente y ha contado con un amplio consenso”, concluyó, abriendo la puerta a futuras modificaciones en esta normativa.