Recortes Presupuestarios: ¿Cómo Afectarán a los Gobiernos Regionales?
Los dieciséis gobernadores regionales se encuentran en pie de guerra tras el anuncio del Ministerio de Hacienda sobre la reducción de entre un 7% y un 10% de los recursos destinados al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) para el próximo año. Este recorte es significativo si se considera el presupuesto asignado para 2026, que destinó $75 mil millones al Gobierno Regional de Magallanes, lo que podría traducirse en una drástica reducción de hasta $7 mil 500 millones para proyectos de inversión. La tensión ha escalado especialmente durante la reciente sesión de la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos, donde la situación fue ampliamente debatida.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, justificó este recorte al señalar que hubo una subejecución del presupuesto cercana al 20% en 2025, sin embargo, los gobernadores regionales han desacreditado esta afirmación. Según sus informes, la falta de gasto realmente asciende solo a un 4,1%. Esto ha llevado a los líderes regionales a acusar al gobierno de no considerar las demoras y complicaciones en los convenios que dependen de los servicios del gobierno central, lo cual claramente afecta la capacidad de ejecución de proyectos en sus territorios.
El conflicto entre el gobierno y los gobernadores se ha agudizado a raíz de una reunión esta semana en que participaron el ministro Quiroz y otros altos funcionarios. Durante el encuentro, los gobernadores expresaron su profunda preocupación ante los drásticos recortes y su potencial impacto negativo en áreas críticas como el empleo, el financiamiento a municipios y el apoyo a organizaciones sociales y deportivas. Esta situación plantea un riesgo considerable para el desarrollo regional y podría afectar la armonía entre el gobierno de Kast y las autoridades locales, quienes hasta ahora habían mostrado una disposición de colaboración.
El administrador regional y gobernador subrogante, Pedro Ossandón, destacó que las reducciones presupuestarias han sido una constante en los últimos años, pero los niveles actuales podrían representar “una restricción gigante, nunca antes vista” en la historia del país, lo que conlleva enormes repercusiones entre las regiones. Además, mencionó que a la disminución del 10% se le suma un descuento del 3% destinado a fondos de emergencia, lo que exacerba aún más la situación crítica que enfrentan los gobiernos regionales.
Por otro lado, el seremi de Hacienda, Manuel José Correa, intentó calmar las aguas argumentando que toda esta reestructuración busca mitigar el déficit estructural del Estado. Correa enfatizó que estas decisiones están alineadas con la meta de ordenar los recursos del país y mantener una buena relación con el gobierno regional. Sostuvo que el gobierno ha recibido este proceso con una actitud positiva, destacando la colaboración y asegurando que la tramitación presupuestaria no generará tensiones entre la administración central y las autoridades regionales. Sin embargo, la realidad en las regiones sugiere que esta respuesta podría no ser suficiente ante la magnitud del recorte.