Rebaja condena Jorge Alejandro Silva Ovando: ¿Qué dicen los parlamentarios?
Tres de los cinco parlamentarios de Magallanes consultados por La Prensa Austral han reaccionado de manera contundente ante la reciente rebaja de 18 meses en la condena de Jorge Alejandro Silva Ovando, quien fue sentenciado a 15 años y un día por los delitos de violación y abuso de una menor. Este caso ha generado una ola de controversia, especialmente tras conocerse que Silva Ovando es uno de los 56 condenados por delitos sexuales contra menores que recibieron una reducción de pena entre marzo y septiembre. Según el gobierno del presidente José Antonio Kast, esta serie de rebajas se debió a un “error”, enfatizando que el Ministerio se encontró “jurídicamente impedido de rechazar el beneficio” debido a una interpretación de la Corte Suprema sobre la exclusión de este tipo de delitos.
La diputada Javiera Morales, una de las voces más críticas en este caso, ha manifestado su preocupación al oficiar para obtener un informe de Gendarmería sobre Silva Ovando, con el propósito de evaluar el potencial riesgo que representa para la víctima, su familia y la comunidad de Punta Arenas. Morales no escatimó en palabras al señalar que “un violador de una niña anda suelto en las calles” y ha tildado de irresponsable al ministro por no reconocer los errores cometidos y por su falta de asunción de responsabilidad política. La parlamentaria también se ha mostrado decepcionada con el presidente, quien ha eludido entrar en una batalla legal para remediar esta situación.
Por su parte, el senador independiente Karim Bianchi ha pedido la renuncia de todos los involucrados, argumentando que el Ministerio de Justicia infringió la ley al otorgar reducciones de condena a delincuentes sexuales, quienes están excluidos de tales beneficios según la Ley N°21.421 de 2022. Bianchi subrayó que estos decretos de rebaja no fueron emitidos a la luz de ninguna sentencia judicial y criticó la tendencia del Ministerio a evitar la judicialización de temas ya resueltos. Ha instado a considerar que la reducción de penas debe ser vista como un privilegio y no como un derecho automático, haciendo hincapié en que la ley debe aplicarse abiertamente a los delitos cometidos antes de su vigencia.
El diputado Carlos Bianchi, también independiente, ha expresado que no es suficiente con reconocer el procedimiento erróneo, sino que el ministro de Justicia debe dimitir ante la gravedad de los antecedentes. Tras la presentación del ministro Fernando Rabat en la Cámara de Diputados, anticipó que podría gestarse una acusación constitucional en su contra, señalando que el gobierno parece estar evaluando la posibilidad de destituirlo, aun con el respaldo del presidente. A su juicio, es imperativo corregir los errores que han permitido la libertad de quienes han causado un daño tan profundo a menores de edad. Estos eventos han puesto de relieve el creciente malestar ciudadano respecto al manejo de la justicia en casos tan sensibles.
La situación ha despertado una fuerte indignación tanto en el ámbito político como en la sociedad, donde se exige un cambio en la forma en que se manejan los casos de delitos sexuales. Los parlamentarios han señalado que la protección de los menores debe ser prioritaria y que debe existir una mayor responsabilidad por parte de los funcionarios gubernamentales. La comunidad de Punta Arenas y el resto del país esperan respuestas efectivas y efectivas reformas para evitar que situaciones tan alarmantes se repitan, mientras el debate sobre la rendición de cuentas y la justicia continúa en medio de un clima de creciente tensión social.