Querella Criminal Servicom Chile: El Impacto del Fraude en Combustibles
Servicom Chile SpA, la sociedad matriz del holding energético y de transporte con sede en Punta Arenas, ha presentado el 5 de marzo de 2026 una querella criminal ante el Juzgado de Garantía local, acusando a Javier Ignacio Rojas Canto, dueño y representante de las empresas Disaustral SpA y Disaustral TDF SpA, por delitos de falsificación de instrumento y estafa. Esta acción legal se origina en el marco de una relación comercial que comenzó el 1 de agosto de 2022, cuando Servicom contrató a Disaustral como proveedor de petróleo diésel y gasolina para sus operaciones, en un acuerdo que incluía el uso del ‘precio pizarra’ de estaciones de servicio en la región.
Según la querella, Rojas Canto manipuló el Impuesto Específico de Combustibles en las facturas emitidas, aplicando un recargo indebido en períodos donde la normativa establecía una tasa negativa, beneficiando así a los consumidores. A lo largo de varios años, Disaustral habría cobrado este impuesto incorrectamente, causando a Servicom y su grupo asociado, el Grupo Gregorio, pérdidas significativas durante los años 2022 a 2025. Este escándalo pone de manifiesto serias irregularidades en la facturación y el manejo de los precios, lo que ha generado preocupación en el entorno empresarial local.
La investigación interna del Grupo Gregorio, que dio inicio tras un cambio de administración en julio de 2025, reveló 113 facturas con errores en el Impuesto Específico de Combustibles. El análisis minucioso de estas facturas identificó un perjuicio total de $51.185.595, lo que pone de relieve la magnitud del fraude presuntamente perpetrado por Disaustral. Estos montos son estimaciones preliminares, ya que el grupo considera que el total podría ser mayor debido a deficiencias en la documentación contable del Grupo Gregorio.
El mecanismo Mepco, que se ocupa de estabilizar los precios del combustible, juega un papel central en esta acusación. Se establece que Disaustral no solo ignoró las tasas negativas que debían aplicarse, sino que las transformó en cargos positivos, lo que resultó en que Servicom pagara casi el doble en momentos en que, por ley, debería haber recibido un descuento en sus compras de combustible. Este acto de manipulación revela un uso ilícito de mecanismos legales que estaba destinado a proteger a los consumidores de fluctuaciones adversas en el precio del petróleo.
La gestión del Grupo Gregorio, que ha estado a cargo de Miguel Ángel Martínez y otros ejecutivos hasta la reciente reestructuración, ha estado bajo el escrutinio del nuevo equipo desde que detectaron graves deficiencias en los controles internos y la ausencia de documentación adecuada. Si bien la querella se presenta únicamente contra Rojas Canto, también se menciona a otros posibles responsables en el proceso. La acción penal es un intento de hacer justicia y recuperar las pérdidas ocasionadas por un esquema de estafa que atenta contra la confianza en el sector energético en la región.