Licencias Médicas Fraudulentas: Investigaciones en Curso
El Servicio de Educación Pública ha asegurado que sus registros no presentan casos de funcionarios involucrados en el controvertido uso fraudulento de licencias médicas, según lo confirmado por un reciente informe de la Contraloría General de la República. Este informe reveló irregularidades que han llevado a las autoridades a iniciar sumarios administrativos en todos los ministerios y servicios públicos, con la finalidad de esclarecer responsabilidades sobre el tema. Las investigaciones se centran en un total de 25.078 funcionarios públicos que, pese a estar de baja médica, salieron del país durante 2023 y 2024, lo que ha suscitado una extensa preocupación en el ámbito gubernamental.
El escándalo abarca a 18 instituciones regionales que, según los datos publicados, se encuentran implicadas en el caso, con un total de 1.400 licencias médicas cuestionadas. Entre estos organismos se incluyen municipalidades, corporaciones y servicios de salud, así como el gobierno regional. La Prensa Austral ha contactado a estas instituciones para obtener detalles sobre el número de funcionarios que serán sometidos a sumario, pero muchas han indicado que aún se encuentran en el proceso de corrección de datos antes de poder ofrecer cifras precisas.
Desde Enap, la Empresa Nacional del Petróleo, se ha indicado que los casos mencionados en el informe incluyen a empleados que ya no están en la organización, y han comprometido a llevar a cabo una investigación exhaustiva respecto a las 71 licencias médicas en cuestión. Es destacado que tanto Enap Refinerías como Sipetrol también están involucradas, con 31 y 1 licencia, respectivamente. La situación es similar en el Servicio Local de Educación Pública de Magallanes, donde se han encontrado 227 licencias médicas, y se posiciona en el puesto 25 a nivel nacional.
Los datos completos de la Contraloría han puesto en alerta a diversas autoridades, incluido el diputado Christian Matheson, quien ha instado a los jefes de servicios a denunciar cualquier uso indebido de licencias médicas. Matheson subrayó que las irregularidades en la utilización de licencias por parte de un total de 5.980 funcionarios estatales, quienes viajaron al extranjero durante su baja médica, constituyen un serio quebrantamiento de la ética pública. De no realizar las denuncias pertinentes, los líderes de las instituciones se arriesgan a sanciones administrativas.
La Fiscalía Metropolitana Oriente ya ha iniciado una investigación de oficio a cargo del fiscal Álvaro Pérez, siguiendo las directrices establecidas por el diputado Matheson. Se busca establecer si en efecto hubo un fraude y en qué medida se han visto involucrados los médicos que expidieron licencias médicas fraudulentas. Este tipo de irregularidades no solo pone en entredicho la integridad del sistema de salud pública, sino que también afecta a la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado, por lo que se espera que las medidas tomadas tengan resultados concretos en el corto plazo.