Libertad condicional: El caso impactante de Silva Ovando
En Magallanes, un informe de Gendarmería alertó sobre el alto riesgo de reincidencia de Jorge Alejandro Silva Ovando, condenado por violación y abuso sexual de una niña durante ocho años. A pesar de esto, el Ministerio de Justicia decidió reducir su condena en 18 meses, permitiendo su libertad anticipada el 9 de septiembre de 2026. Este controversial decreto fue emitido a pesar de las negativas de la Comisión de Libertad Condicional entre 2023 y 2026, que tomó en cuenta el informe que señalaba las habilidades deficientes de Silva Ovando para el autocontrol y la resolución de conflictos. El seremi de Justicia, Cristóbal Fernández, destacó que su caso es el único de Magallanes que ha recibido una rebaja en el contexto de 56 reducciones otorgadas a delincuentes sexuales desde el inicio del gobierno actual.
Según la normativa, la libertad condicional y la reducción de condena son beneficios que se evalúan por comisiones separadas. La libertad condicional se basa en el buen comportamiento y un informe psicosocial que indique avances en la reinserción del condenado, mientras que la reducción de condena considera también el historial educativo y laboral dentro de la prisión. Fernández subrayó que un informe desfavorable sobre riesgo de reincidencia no necesariamente afecta las decisiones de la Comisión de Reducción de Condena, que opera bajo parámetros objetivos establecidos por la ley, y que Silva Ovando fue evaluado en este contexto a pesar de sus antecedentes.
La Defensoría Penal Penitenciaria argumentó que la negativa a la libertad condicional de Silva Ovando fue arbitraria, señalando que cumplía con el tiempo mínimo y mantenía un comportamiento intachable. Sin embargo, testimonios y evidencias de otros casos revelan que varios beneficiados con rebajas de pena también tenían un alto riesgo de reincidencia. Este patrón ha generado preocupación en la comunidad, especialmente entre las víctimas de delitos sexuales, quienes no son informadas en ningún momento sobre las postulaciones a la reducción de condena o sobre la concesión de estos beneficios a sus agresores.
Cristóbal Fernández, al reconocer las fallas en el proceso de notificación a las víctimas, se comprometió a revisar los procedimientos. Sin embargo, la medida parece haber llegado demasiado tarde para muchos, ya que el descontento social crece ante la falta de responsabilidad de las instituciones. La situación ha llevado al gobierno a suspender temporalmente los trámites de rebaja de condenas y a revisar cada caso individualmente a la luz de la creciente presión pública y demandas de transparencia en el sistema de justicia penal.
El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, expresó su indignación ante el decreto que permitió la libertad de Silva Ovando, calificándolo de “vergonzoso”. Su crítica se centra en la falta de coherencia en el discurso sobre violencia de género y la justicia con respecto a delitos tan graves como la violación de menores. Radonich sostiene que las leyes parecen favorecer a delincuentes en lugar de proteger a las víctimas, y llama a una revalorización del sistema legal para evitar que situaciones como esta se repitan. Su llamado es un reflejo del creciente clamor social por una reforma que asegure la protección de los más vulnerables frente a la impunidad.