Juicio Nova Austral: Exejecutivos en el banquillo
Este viernes, comenzó formalmente el juicio oral en contra de cuatro exejecutivos de Nova Austral, una de las empresas salmoneras más reconocidas de Chile. Los acusados, Drago Covacich Mackay, Nicos Nicolaides Bussenius, Rigoberto Garrido Arriagada e Isaac Ollivet-Besson Osorio, enfrentan graves cargos relacionados con fraude a las subvenciones estatales, así como otras infracciones que involucran la adulteración de datos sobre la siembra, cosecha y mortalidad de salmones. La fiscalía sostiene que entre 2016 y 2019, la empresa comprometió la información que reportó sobre sus operaciones en la Región de Magallanes, afectando no solo la veracidad de los informes, sino también el medio ambiente en el cual opera la actividad salmonera.
Los eventos que se enjuician se originan en una causa que fue formalizada en 2022, donde se incriminó a los mencionados ejecutivos por el delito de fraude. En este mismo proceso, la Fiscalía logró una condena preliminar de un exgerente de producción, Arturo Schofield, quien fue encontrado culpable de contaminación de aguas y complicidad en la obtención fraudulenta de bonificaciones estatales. Esta situación ha puesto de relieve las prácticas empresariales de Nova Austral y ha llevado a cuestionar la regulación de la industria salmonera en el país, enfatizando los efectos contraproducentes que estas prácticas pueden tener sobre los ecosistemas marinos.
En una jugada notable, la compañía Nova Austral llegó a un acuerdo alternativo con la Fiscalía, comprometiéndose a devolver más de 40 mil millones de pesos al fisco. Según el fiscal jefe, Sebastián González, se estableció una suspensión condicional del procedimiento legal, bajo la condición de que la empresa cumpla con una serie de requisitos durante los próximos tres años para que el caso pueda ser sobreseído. Este acuerdo ha generado opiniones contrastantes, ya que, aunque asegura la restitución de capitales, no sanciona enérgicamente a los responsables de las infracciones.
Durante el juicio, que se anticipa se extenderá por aproximadamente 34 días, la fiscalía ha resaltado que los acusados no solo incurrieron en fraudes a las subvenciones, sino que también violaron la Ley Navarino, la cual protege el medio ambiente y regula el funcionamiento de empresas como Nova Austral. El ente acusador argumenta que la empresa recibió cerca de 60 mil millones de pesos en beneficios tributarios bajo esta ley, a pesar de incumplir sus disposiciones sobre la conservación y protección de los recursos naturales.
Los cargos incluyen la posibilidad de penas de prisión de entre 3 a 5 años, además de multas que podrían ascender a las 10 mil UTM, equivalentes a aproximadamente 686 millones de pesos chilenos. La actividad salmonera ha sido objeto de críticas en los últimos años por su impacto ambiental, y este juicio se presenta como un precedente significativo en la lucha contra el fraude y las irregularidades dentro de esta industria. El resultado del juicio no solo afecta a los por entonces ejecutivos, sino que también podría sentar un precedente en la regulación y supervisión de la salmonicultura en Chile.