Jaime Arteaga Vera: Victoria Judicial en Laguna Blanca
En un reciente fallo judicial, el director de la Posta de Salud Rural de Villa Tehuelches, Jaime Arteaga Vera, ha logrado una contundente victoria frente a la Municipalidad de Laguna Blanca, liderada por su alcalde, Fernando Ojeda González. La Corte de Apelaciones de Punta Arenas emitió su veredicto el 2 de diciembre de 2025, acogiendo el recurso de protección presentado por Arteaga, en el que se declararon ilegales los decretos alcaldicios que buscaban destituirlo de su puesto como director titular e indefinido. Esta decisión judicial implica la anulación de dos decretos emitidos el 3 de octubre de 2025, que invalidaban su nombramiento original y lo relegaban a una posición de contrato a plazo fijo, retrocediendo su inicio hasta 2026, una maniobra que el tribunal consideró arbitraria y sin fundamento legal.
El origen del conflicto se remonta al 1 de enero de 2020, fecha en la que Jaime Arteaga Vera asumió oficialmente como director titular e indefinido, tras ganar un concurso público que garantizaba dicha permanencia en el cargo. La Corte de Apelaciones destacó que la figura de la “caducidad” utilizada por la municipalidad para finalizar el contrato de Arteaga carecía de base normativa, al no estar contemplada en el estatuto de salud municipal ni en la normativa administrativa aplicable. Además, se determinó que la municipalidad había reconocido continuamente, a través de documentos oficiales, su condición de funcionario indefinido durante más de cuatro años, lo que refuerza la idea del acto arbitrario por parte del alcalde.
Este controversia ha revelado también la falta de acción administrativa adecuada por parte del municipio. Según se indicó en el fallo, si el municipio consideraba que había irregularidades en el nombramiento de 2019, debió haber iniciado el procedimiento de invalidación dentro del periodo legal de dos años, el cual estaba ya vencido desde 2022. Asimismo, uno de los decretos se volvió ilegal al intentar realizar una designación a plazo fijo con efectos retroactivos, un acto que contraviene la ley. La Corte subrayó que tal proceder vulnera los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, así como la igual protección ante la ley.
Adicionalmente, Jaime Arteaga Vera ha denunciado que su destitución está motivada por intereses políticos, dado que fue contrincante de Fernando Ojeda en las recientes elecciones municipales. Arteaga, del pacto “Chile Vamos”, fue superado por Ojeda por una diferencia de poco más de 30 votos. Según Arteaga, la remoción no se basa en fallas en su desempeño ni en cuestiones administrativas, lo que ha llevado a presentar la situación ante la Contraloría, que ha abierto una investigación al respecto. La acusación de hostigamiento político ha cobrado notoriedad, evidenciando el trasfondo de la controversia.
La sentencia de la Corte de Apelaciones no solo restituye a Arteaga en su cargo, sino que también pone de relieve la importancia de la estabilidad laboral dentro del sector público y las normas que rigen los nombramientos de funcionarios. Este caso se convierte en un hito que resalta la necesidad de una actuación transparente y ajustada a derecho por parte de los municipios, especialmente en el contexto de relaciones políticas y administrativas. El seguimiento de esta situación por parte de la Contraloría promete arrojar más luz sobre el uso de la discrecionalidad por parte de los alcaldes y su posible utilización como herramienta para ejercer presión política sobre funcionarios públicos.