Indemnización por Incumplimiento Contractual: Acusaciones y Justicia

La empresa contratista Obras Juan Armando González Agüero E.I.R.L. ha llevado a cabo un proceso judicial contra el Gobierno Regional de Magallanes, representado por su gobernador Jorge Flies Añón, por el incumplimiento de contrato relacionado con la construcción de pasarelas en Puerto Edén. Este conflicto se origina en medio de serias acusaciones de irregularidades por parte del Consejo Regional en proyectos que forman parte del Plan de Zonas Rezagadas, que pretenden mejorar la infraestructura y servicios en esta aislada localidad del norte de la provincia de Última Esperanza. La demanda alega que la falta de entrega de materiales por parte del mandante ha retrasado el avance de las obras, generando así un impacto económico negativo para el contratista.
La obra en cuestión incluye la reposición de pasarelas a lo largo de 2.132 metros, además de accesos a la Posta de Salud y mejoras en el mirador con accesibilidad universal. Según la Resolución Nº565, publicada el 9 de diciembre de 2024, se había establecido un plazo para la ejecución de los trabajos y un presupuesto de $159.078.000, que ya incluye impuestos. No obstante, tras una supervisión entre mayo y junio de 2025, se constató que el contratista solo había avanzado un 50% debido a la falta de materiales necesarios, lo que motivó la decisión de suspender la obra por parte del Gobierno Regional.
El incumplimiento de las bases del contrato ha sido uno de los puntos críticos de la demanda. La empresa contratista argumenta que, mientras esperaba la llegada de los materiales, no solo tuvo que pagar salarios a su personal sin que se realizaran labores, sino que además tuvo que cubrir los costos de alojamiento y alimentación, lo que complicó aún más su situación financiera. En su defensa, el Gobierno Regional citó una cláusula del contrato que justifica la suspensión de las obras debido a la identificación de especies arbóreas nativas que debían ser consideradas en el proceso.
La situación ha llevado a la empresa demandante a reclamar que este incumplimiento no fue causado por su accionar, sino que corresponde a una falta de previsión por parte del mandante. El contratista subraya que los estudios técnicos necesarios y el plan de manejo de la corta de árboles debieron haberse realizado antes de la licitación, y no durante la ejecución de los trabajos. La interrupción prolongedo de las obras ha dejado en una posición económica vulnerable al contratista, obligándolo a buscar una indemnización de $68.960.000 por daños emergentes y $95.094.535 por lucro cesante.
Este caso se tramita actualmente en el Juzgado de Letras de Punta Arenas, donde se espera que se establezcan responsabilidades claras sobre el incumplimiento contractual y se determine si el Gobierno Regional deberá afrontar las demandas económicas presentadas por la empresa contratista. La interpelación del gobernador Flies está fijada para el próximo 17 de noviembre, y surgen interrogantes sobre la viabilidad de los proyectos que forman parte del Plan de Zonas Rezagadas, en un contexto donde la transparencia y la correcta gestión de recursos es fundamental para el desarrollo de estas localidades aisladas.
