Homicidio en Punta Arenas: ¿Qué significan las condenas para adolescentes?

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas ha condenado a dos adolescentes de 16 y 17 años a cinco años de régimen cerrado y a tres años de libertad asistida especial, tras ser hallados culpables del homicidio de un trabajador en un violento incidente ocurrido el pasado 29 de marzo en la plaza de la villa Cardenal Raúl Silva Henríquez. El fallo del tribunal, compuesto por los jueces Rodrigo González-Fuente, Guillermo Cádiz y Rosa Cáceres, se emitió luego de un veredicto condenatorio dictado el 10 de noviembre por homicidio simple, según informó La Prensa Austral.

Durante el juicio, la fiscal Wendoline Acuña expuso que los acusados atacaron a la víctima utilizando armas cortopunzantes, lo que llevó a la Corte a considerar el acto como un crimen grave. La pena más severa fue impuesta a uno de los adolescentes, quien contaba con antecedentes penales por otros delitos. La fiscal señaló que el tribunal determinó su culpabilidad por la naturaleza del delito y la gravedad de las circunstancias que lo rodearon, lo que justificó la imposición de una pena de régimen cerrado en su caso.

En contraste, el segundo adolescente recibió una sanción más ligera, consistiendo en tres años de libertad asistida especial, en virtud de su conducta anterior, que fue considerada como irreprochable. Acuña mencionó que este joven mostró colaboración al presentar su versión de los hechos a la policía, lo que fue valorado como una circunstancia atenuante a la hora de dictar sentencia. La decisión del tribunal refleja un enfoque distinto hacia los jóvenes en conflicto con la ley, tomando en cuenta tanto la gravedad del delito como la posibilidad de reinserción social.

La Fiscalía había solicitado una pena máxima de diez años de régimen cerrado, argumentando la necesidad de una sanción que respondiera a la seriedad del crimen y a la necesidad de disuadir a otros jóvenes de cometer delitos similares. Por el contrario, la defensa, liderada por el defensor penal juvenil Paulo González, abogó por penas más leves, sugiriendo que la entrega voluntaria de los adolescentes y su confesión deberían ser motivos para considerar una condena más benigna.

La familia de la víctima expresó su dolor y su frustración, sosteniendo que el asesinato se produjo en un intento de robo, ya que la víctima fue despojada de su celular, el cual no fue encontrado entre sus pertenencias. A pesar de la gravedad de los hechos, la acusación y la posterior condena se enfocaron en el homicidio simple consumado, lo que ha dejado a algunos sectores de la comunidad cuestionando si las penas impuestas son suficientes para garantizar la justicia frente a delito tan violento.

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