Hidrógeno Verde en Chile: Cambios en la Industria y Ley
El gobierno chileno ha manifestado su intención de introducir modificaciones en el proyecto de ley destinado a impulsar la industria del hidrógeno verde en el país, particularmente en la región de Magallanes. Este proyecto, presentado por el Ministerio de Hacienda en el Congreso, ha desatado un intenso debate entre los actores de la industria debido a sus implicaciones tributarias. La propuesta contempla la implementación de un beneficio tributario transitorio que podría alcanzar los US$2,800 millones a través de créditos contra el Impuesto de Primera Categoría para las primeras adquisiciones de hidrógeno verde y sus derivados. Además, se plantea la homologación de los regímenes tributarios específicos para la región austral, lo que podría facilitar el desarrollo del sector a nivel local.
Uno de los aspectos más controversiales de esta iniciativa es la obligación de abonar, dentro del mes siguiente a la aprobación ambiental de un proyecto, un anticipo correspondiente al 1% de la inversión total como contribución territorial. Esta exigencia ha levantado cejas entre los líderes de la industria, quienes advierten que podría desincentivar las inversiones en una región que ya se enfrenta a desafíos de desarrollo. Según Mario Marchese, de HNH Energy, que proyecta inyectar US$11,000 millones en Magallanes, este esquema tal como está diseñado “mata a la industria en la región”. La preocupación se agudiza dado que las inversiones en juego son millonarias y los aportes podrían exceder los US$100 millones por empresa antes de que estas generen ingresos.
La discusión en torno a este proyecto de ley ha permeado el encuentro Hyvolution, celebrado recientemente en Santiago, donde se congregaron representantes de todo el ecosistema del hidrógeno verde. Durante este evento, el ministro de Energía, Diego Pardow, se mostró sorprendido ante la oposición de los actores del sector y reiteró la disposición del gobierno para revisar el polémico 1%. “Si este 1% tiene que tener un techo, si tiene que ser menos, o si el hito que gatilla el pago puede ser otro, es algo que se puede conversar”, comentó, subrayando la apertura del Ejecutivo para ajustar las condiciones del proyecto.
Marcos Kulka, director ejecutivo de H2 Chile, se centró en la naturaleza temporal de la contribución exigida, señalando que las empresas están dispuestas a contribuir con el 1% de sus activos, pero cuestionando el momento en que se solicita dicha contribución. “Hoy día se le está pidiendo, aprobada la RCA y al mes siguiente, generar ese aporte que puede representar US$160 millones en un proyecto o US$110 millones en otro”, explicó, enfatizando la necesidad de diferir estos pagos hasta que las empresas comiencen a generar ingresos, lo que aliviaría la carga financiera durante la fase inicial de implementación de los proyectos.
Antoine Liane, gerente general de Total Energies H2, responsable de un ambicioso proyecto de hidrógeno verde por US$16,000 millones, también expresó su preocupación respecto a la normativa regional. “Pensaba que Chile era un solo país, no uno del norte y otro del sur”, cuestionó la existencia de regulaciones diferenciadas que podrían crear desigualdades en el desarrollo de la industria en distintas zonas del país. La situación actual pone de relieve la necesidad de un marco regulatorio que no sólo promueva el desarrollo del hidrógeno verde en Chile, sino que también sea equitativo y capaz de atraer inversiones significativas en un sector que tiene el potencial de liderar la transición energética en la región.