Deudas de Pensiones de Alimentos: Nuevas Retenciones y Su Impacto

Los juzgados de familia de Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Cabo de Hornos han realizado retenciones por un total superior a $13 mil millones a deudores de pensiones alimenticias desde que en noviembre de 2022 se implementara la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deudas de Pensiones de Alimentos. Esta cifra, reportada por el Poder Judicial, corresponde a la celebración de cuatro años de la Ley N° 21.484, diseñada para facilitar el cobro efectivo de las pensiones adeudadas, marcando un hito en la lucha por la garantía de derechos de los menores en la Región de Magallanes.

De acuerdo a las estadísticas registradas entre el 18 de noviembre de 2022 y el 17 de noviembre de 2026, los tribunales de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas han dictado órdenes de pago totalizando $13.079.036.533, a través de dos procedimientos distintos. El primero es un procedimiento especial, que ha permitido la retención de fondos de cuentas bancarias e instrumentos financieros de los deudores, alcanzando un monto de $1.059.265.189 en pagos ordenados, lo que refleja la eficacia de este método en la recuperación de deudas.

El segundo procedimiento, conocido como extraordinario, utiliza fondos de capitalización individual provenientes de las AFP, lo que ha resultado en pagos que suman $12.019.771.344, concentrando así la mayor parte de los recursos recuperados. Esta modalidad ha demostrado ser clave para la recuperación de las pensiones alimenticias que, de otro modo, podrían haber permanecido impagadas, beneficiando a numerosos niños y adolescentes en la región.

Durante el mismo período, se han realizado 9.588 inscripciones en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos por parte de los cuatro tribunales de familia de la región. De estas inscripciones, 3.287 aún se encuentran vigentes, mientras que 6.301 han sido canceladas. Estas cifras representan un avance en el registro y visualización de las deudas, lo que también contribuye a la presión social sobre los deudores, incentivando a cumplir con sus responsabilidades.

En sus declaraciones, la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, enfatizó la relevancia del pago oportuno de las pensiones alimenticias para asegurar que los derechos básicos de niños, niñas y adolescentes sean respetados. Sin embargo, también señaló que, pese a los avances, la ley necesita ser complementada con medidas adicionales para salvaguardar los derechos fundamentales de los más vulnerables. Asimismo, Chevesich reconoció la labor de los funcionarios judiciales, quienes enfrentan el desafío de cumplir con estas nuevas exigencias legales sin los recursos necesarios y en medio de otras responsabilidades.

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