Detección de Asbesto: El Debate que Sacude al Gobierno Regional
La reciente detección de asbesto en las faenas de demolición del exhospital regional ha llevado a la administración de Jorge Flies a solicitar un incremento de $500 millones en el presupuesto de la obra, desatando un acalorado debate en el pleno del Gobierno Regional. Este nuevo escenario ha puesto de manifiesto las tensiones existentes entre los distintos actores políticos, quienes han intercambiado denuncias y críticas sobre la falta de previsión ante la eventualidad de encontrar un material tan peligroso en un edificio construido antes de ser prohibido. Los adversarios de la administración han cuestionado cómo fue posible que no se considerara esta posibilidad desde el inicio del proceso de licitación, lo que ha generado un clima de desconfianza y recriminaciones a la gestión de Flies.
El consejero regional Max Salas ha llevado el debate a otro nivel, realizando una consulta a la Contraloría sobre la legalidad de esta modificación presupuestaria. Salas argumenta que la modificación cuestionada se basa en una interpretación errónea de una respuesta emitida durante el proceso de consultas, lo que a su juicio contraviene las bases administrativas del contrato y podría generar un perjuicio financiero. Este enfoque plantea serias dudas sobre la forma en que se han manejado las licitaciones y las responsabilidades de los funcionarios, lo que eleva la presión sobre la administración del Gobierno Regional y su capacidad para gestionar crisis.
La Contraloría, tras evaluar la situación, concluyó que no existen irregularidades en la contratación de las obras extraordinarias relacionadas con la presencia de asbesto. El órgano contralor afirmó que las bases administrativas de la licitación ya permitían la ejecución de tales obras y que las respuestas proporcionadas por el Gobierno Regional durante el periodo de consultas eran parte integral de la licitación, lo que implica que las alertas sobre la eventual presencia de asbesto no alteraron las bases del proceso. De esta manera, la Contraloría respalda las acciones del Gobierno Regional, al considerarlas dentro de un marco legal adecuado.
Además, la Contraloría confirmó que la aclaración sobre las obras extraordinarias se formalizó mediante una resolución exenta en 2024, justo en el momento de adjudicar la obra a la empresa Flesan S.A. Este detalle es crucial, ya que implica que no fue necesario llevar a cabo un trámite adicional para modificar las bases, lo que podría reducir las críticas hacia la administración. El órgano contralor también subrayó que el aumento en el presupuesto no vulneraría la modalidad de suma alzada, dado que todos los oferentes fueron informados sobre el posible costo adicional desde el inicio del proceso, lo que fortalece la posición del Gobierno Regional ante las acusaciones de irregularidad.
No obstante, el informe de la Contraloría no es completamente favorable para la administración de Jorge Flies. Se destacó que no existen pruebas de que se haya tramitado la autorización sanitaria requerida para llevar a cabo las demoliciones que involucran asbesto friable, lo que plantea serias preocupaciones sobre el cumplimiento normativo en procesos críticos de salud y seguridad. La Contraloría ha instado al Gobierno Regional a que brinde un informe sobre esta cuestión en un plazo de diez días hábiles, lo que pone aún más presión sobre la gestión actual y resalta la importancia de un manejo transparente y responsable de situaciones que pueden tener repercusiones significativas para la comunidad.