Delito Asistente Social en Cárcel: ¿Qué Revelan los Teléfonos Incausados?
En un giro inesperado de los acontecimientos, se amplió la detención de la asistente social que fue sorprendida el pasado martes 26 de mayo intentando ingresar dos teléfonos celulares a la cárcel de Punta Arenas. La fiscal jefe, Johanna Irribarra, solicitó esta extensión para obtener más información y aclarar las circunstancias del caso, ya que existen dos versiones contradictorias que requieren un análisis más profundo. La identidad de la imputada ha sido reservada, pero se ha indicado que su defensa alega que actuó bajo amenaza de un interno, lo que complica aún más la situación.
Los funcionarios de Gendarmería, bajo instrucciones de la Fiscalía, localizaron al hombre que supuestamente amenazaba a la asistente social. Durante un allanamiento en su módulo, se incautaron al menos cinco teléfonos celulares adicionales, lo que aumenta la gravedad de la situación. Estos hallazgos se suman a la versión de la imputada, pero también dejan entrever la posibilidad de un negocio ilegal que podría involucrar a más personas dentro del sistema penitenciario, resaltando la corrupción que podría estar presente.
La versión del interno, que señaló que pagaba a la asistente social por introducir celulares en la cárcel, ha complicando considerablemente la defensa de la imputada. Según su declaración, las transferencias de dinero a la asistente social ascendieron a un total de 1.700.000 pesos, con un último pago de 400.000 pesos para el mismo servicio. Además, el interno ha afirmado tener pruebas de sus afirmaciones, incluyendo capturas de pantalla de las conversaciones y comprobantes de las transferencias, lo que podría resultar en un escenario judicial complicado para la asistente social.
Dada la disparidad entre las declaraciones de la asistente social y del interno, la fiscal Johanna Irribarra ha solicitado un plazo adicional de 24 horas para que la policía complete el análisis de los teléfonos celulares incautados, buscando establecer conexiones o aclarar los vínculos entre ambas partes involucradas. Esta investigación es crucial, no solo para determinar la culpabilidad o inocencia de la asistente social, sino también para identificar otros posibles delitos dentro del centro penitenciario.
La defensa de la asistente social, asumida por la misma Defensoría Penal Pública para la que trabaja, se opuso a la solicitud de la Fiscalía, argumentando la falta de fundamento en las acusaciones. Sin embargo, el juez Ignacio Low determinó que la formalización de la causa se llevará a cabo esta mañana a las 10:30 horas, lo que marca un nuevo capítulo en este caso que ha capturado la atención pública y que pone de relieve las vulnerabilidades dentro del sistema de justicia y el manejo de internautas en las cárceles.