Cobros Municipales Punta Arenas: La Controversia Actual
El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, ha decidido recurrir a la justicia en un intento por revertir los impuestos que, según él, deberían ser considerados responsabilidad del Estado tras el traspaso de los colegios al Servicio Local de Educación Pública (Slep). Esta decisión ha reavivado la controversia entre la administración municipal y el fisco, especialmente desde que se implementara un descuento significativo al Fondo Común Municipal, resultado de acuerdos alcanzados en 2017 y 2021 con los sindicatos de asistentes de la educación. Radonich sostiene que los costos relacionados con los bonos de zona extrema y los incrementos salariales de los trabajadores educativos deberían ser absorbidos por el Estado, no por la comuna.
La demanda presentada por la municipalidad argumenta que la modificación en la responsabilidad de los pagos se produjo tras la transferencia de la educación, y que los descuentos aplicados de forma perpetua al Fondo Común Municipal violan principios de seguridad jurídica y previsibilidad presupuestaria. En este sentido, Radonich ha hecho hincapié en que en abril de 2024, la Dirección de Presupuestos (Dipres) ordenó la deducción de $3.432 millones del fondo, lo cual generó una serie de acciones judiciales destinadas a frenar estos cobros. A pesar de los esfuerzos del municipio, los fallos judiciales han tendido a favorecer a la Dipres, complicando aún más la situación financiera de la comuna.
El debate en torno a esta problemática no solo involucra al alcalde y al Estado, sino que también ha generado divisiones en el Concejo Municipal de Punta Arenas. Mientras algunos concejales, como Dalivor Eterovic, critican la decisión de Radonich, subrayando que debe aceptar las consecuencias de sus compromisos, otros ofrecen su apoyo a la demanda, argumentando que los costos a los que se enfrenta la municipalidad son desmedidos. Eterovic afirmó que la administración del alcalde está desviando recursos que podrían utilizarse para mejorar otros aspectos vitales de la comunidad, como el deporte y la cultura.
Desde el gobierno, el seremi de Gobierno, Andro Mimica, ha defendido la postura del fisco y ha insistido en que se han tomado decisiones en conformidad con la ley, mientras critica a la administración de Radonich por su falta de responsabilidad en el manejo financiero municipal. Mimica añadió que el gobierno está abierto a ajustes en los montos y plazos de los descuentos, dejando claro que la intención es mantener los beneficios para los trabajadores de la educación. La tensión entre el alcalde y el gobierno pone de manifiesto las complejidades de la gestión pública, donde las decisiones financieras pueden tener fuertes repercusiones en la comunidad.
Con diferentes visiones sobre el futuro, el concejal Miguel Contreras expresó su esperanza de que un posible cambio de administración política en el gobierno central podría traer una nueva perspectiva a la situación, sugiriendo que a partir de marzo, cuando se espera un nuevo ciclo político, las políticas podrían cambiar. Sin embargo, la concejala Marcela Leichtle, al igual que Radonich y otros concejales, se mostró de acuerdo con la demanda, considerando que la cargar financiera que enfrenta la municipalidad es insostenible. La división de opiniones en el Concejo refleja no solo una discusión sobre responsabilidades financieras, sino también sobre la forma en que los recursos públicos deben ser administrados para el beneficio de la comunidad.