Caso Australis: ¿Qué revela el cierre de la investigación penal?

La Fiscalía ha cerrado oficialmente la investigación penal relacionada con el caso Australis, un proceso que ha tenido múltiples aristas y controversias. Este cierre se produjo tras una audiencia en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, donde se presentó que la investigación había agotado su recorrido. La defensa del empresario Isidoro Quiroga destacó que el Ministerio Público determinó que no existen elementos que demuestren ocultamiento, engaño, fraude o dolo en la operación de compra de Australis por parte de la empresa china Joyvio, un acuerdo que alcanzó los 921 millones de dólares.

El éxito de la defensa de Quiroga se fortifica con el laudo arbitral previo, que fue posteriormente anulado por la Corte de Apelaciones de Santiago. En dicho laudo, el tribunal había afirmado que los compradores actuaron con conocimiento pleno de los términos de la compraventa, lo que contradice las acusaciones de engaño presentadas por los querellantes. Esta decisión del tribunal de apelaciones ha dejado claro que las alegaciones de falta de información por parte de Joyvio no halla fundamentos suficientes.

Antes de la comunicación oficial del cierre de la investigación, los querellantes habían solicitado extender el plazo de indagación para incluir tres diligencias adicionales, algo que fue rechazado por el tribunal. Jorge Bofill, abogado de los querellantes, argumentó que aún existen datos que deben ser considerados y subrayó que su equipo había presentado un informe sobre los daños sufridos. Asimismo, indicó que una carta de la Policía de Investigaciones aclaraba que la ausencia de un peritaje contable se debía a la falta de entrega de información por parte de la Fiscalía.

Con el cierre de esta investigación penal, el enfoque se desplaza hacia un nuevo periodo procesal, en el cual la Fiscalía tiene un plazo de diez días para decidir sobre la continuidad de acciones legales. Esta fase es crucial, ya que podría definir el futuro legal del empresario Quiroga, cuyo nombre ha estado en el centro de un conflicto que ha implicado no solo aspectos penales, sino también un prolongado proceso arbitral.

Simultáneamente, la Fiscalía ha decidido separar un caso relacionado con posibles delitos ambientales, vinculados a la operación de la salmonera y su impacto en los recursos hidrobiológicos. Esta investigación reciente destaca por el hecho de que Joyvio no será considerado como querellante, lo que podría complicar la situación de la compañía en el contexto de este nuevo expediente. La audiencia para examinar estos nuevos elementos ambientales está fijada para el 20 de octubre, marcando un nuevo capítulo en un proceso que aún tiene mucho por esclarecer.

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