Accidente laboral Punta Arenas: ¿Qué Falló en la Seguridad?
A tan solo dos semanas del trágico accidente en la Zona Franca de Punta Arenas que resultó en la muerte de un trabajador, el secretario regional ministerial del Trabajo, José Miguel Salas, realizó declaraciones que ponen en tela de juicio a las empresas involucradas. Salas reveló que la Dirección del Trabajo no recibió notificación del accidente, a pesar de que la Ley 16.744 exige a las empresas comunicar inmediatamente cualquier evento grave o fatal. “La falta de notificación es una infracción administrativa por sí misma”, confirmó el seremi, añadiendo que dos fiscalizadores fueron enviados al lugar del accidente el día siguiente para iniciar la investigación correspondiente. Este incumplimiento no solo complica la situación de las empresas, sino que también pone de relieve fallas en el protocolo de seguridad laboral que deben seguirse en casos de emergencia.
Más allá del aspecto formal, Salas hizo énfasis en la importancia de las condiciones climáticas y de seguridad en el lugar del accidente. Se mencionó que las condiciones del viento y el mal tiempo eran adversas, lo que presuntamente debería haber llevado a las empresas a suspender las actividades en la zona. El seremi destacó que “las normas de higiene y seguridad deben cumplirse a rajatabla” en trabajos que implican riesgo, como en el caso de la grúa alzahombres que volcó. Este enfoque sugiere que la falta de cumplimiento de las prácticas de seguridad no solo es un asunto administrativo, sino que también conlleva implicaciones éticas y de responsabilidad hacia los trabajadores.
La situación se complica aún más debido a testimonios contradictorios que emergieron durante la investigación. Testigos del accidente han proporcionado relatos que divergen, dejando a las autoridades en una posición difícil para determinar la secuencia de los eventos. Además, la Policía de Investigaciones acudió al Hospital Clínico de Magallanes el mismo día del accidente, pero su capacidad de realizar exámenes preliminares se vio limitada por la tardanza en la notificación del evento. Salas subrayó que podrían surgir diferentes tipos de responsabilidades, tanto laborales como administrativas y civiles, dependiendo de lo que se descubra en la investigación.
Un aspecto crítico que se ha destacado es el estatus laboral del trabajador fallecido, así como su situación migratoria, ya que se ha confirmado que era extranjero y se desconoce si tenía un estatus legal regular en el país. Esta incertidumbre podría influir en la profundidad de la investigación laboral, dado que los derechos laborales podrían estar sujetos a distintas normativas dependiendo de su situación migratoria. La propia Policía de Investigaciones indicó que el trabajador se encontraba en una situación irregular, lo que añade un nivel adicional de complejidad a la trágica circunstancia que se está investigando.
Finalmente, el seremi Salas expresó su preocupación ante lo que está ocurriendo en la región, donde se han registrado dos accidentes fatales en un corto período de tiempo. Además de la tragedia en la Zona Franca, no se olvida el caso del fallecimiento del pescador Gonzalo Oyarzo en Puerto Williams. Con plazos de 30 días para finalizar el informe de fiscalización, se anticipan que las conclusiones puedan dar lugar a sanciones administrativas y multas que se sumen a las responsabilidades civiles que la familia del fallecido podría buscar por vía judicial. Este panorama refleja no solo una crisis en el ámbito laboral, sino también un llamado a la reflexión sobre la seguridad y el respeto a la vida de los trabajadores.