Transparencia en Magallanes: Informes de la Zona Franca
El Consejo para la Transparencia ha tomado una decisión trascendental al acoger parcialmente un amparo presentado contra el gobierno regional de Magallanes. Este amparo exige la entrega de informes trimestrales elaborados por la Comisión de Control y Seguimiento del Contrato de Concesión de la Zona Franca de Punta Arenas para el año 2024. La resolución, adoptada por unanimidad, subraya que la información solicitada se considera de carácter público y que no se han cumplido los requisitos legales para justificar su reserva. Esta acción promete mayor transparencia en la gestión pública y acceso a información relevante para los ciudadanos.
La controversia comenzó con una solicitud presentada el 28 de enero de 2025, en la que se pedía el acceso a informes trimestrales desde el año 2022 hasta 2024. Sin embargo, el Gobierno Regional de Magallanes (Gore) negó la solicitud argumentando que la información era confidencial, alegando que se trataba de deliberaciones aún no finalizadas. Ante esta negativa, se decidió interponer un amparo ante el Consejo para la Transparencia, lo que abrió un proceso de evaluación sobre la legalidad y la pertinencia de dicha reserva.
Un factor relevante en este caso es que el Gore Magallanes informó que la Comisión encargada no había realizado sesiones entre 2018 y 2024, retomando sus actividades en marzo de este año. Esto significa que, de hecho, no existen informes para los años anteriores, lo cual limita el contexto de la solicitud. Sin embargo, el Consejo se centró en la obligatoriedad de entregar los informes correspondientes a 2024, insistiendo en que la falta de aprobación de los mismos no legitimaba la negativa a su entrega.
El Gore argumentó que la divulgación de los informes podría perjudicar los procedimientos administrativos en curso relativos al cumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa concesionaria. No obstante, el Consejo consideró que no se habían presentado pruebas concretas que evidenciaran cómo la entrega de información impactaría negativamente en las labores del organismo. La argumentación del Gore fue considerada insuficiente por los consejeros, quienes reclamaron una mayor especificidad en las justificaciones.
Finalmente, el Consejo ordenó al gobernador regional, Jorge Flies Añón, a entregar los informes solicitados dentro de un plazo de 5 días hábiles. En caso de incumplimiento, el Gore podría enfrentarse a sanciones financieras que oscilan entre el 20% y el 50% de la remuneración correspondiente, además, si persiste en la negativa, las sanciones se duplicarían junto con una posible suspensión en el cargo. Esta situación resalta la importancia de la transparencia y el acceso a la información pública como pilares de la democracia.