Seguridad Pública Magallanes: Prioridades que Marcarán el Futuro
El Consejo Regional de Seguridad Pública aprobó este miércoles un plan estratégico que tendrá como objeto la reducción y prevención de delitos en la región de Magallanes. Este enfoque se ejecutará entre julio de 2026 y julio de 2027 y establece las prioridades en cuanto a delitos y fenómenos delictivos. Destacan en la agenda el tráfico de sustancias, la violencia intrafamiliar y los delitos sexuales, así como el consumo de alcohol y drogas en la vía pública, el cual se considera una de las mayores incivilidades en la región. La sesión fue presidida por la delegada presidencial regional, Ericka Farías, y contó con la participación de diversas instituciones del Gobierno, Carabineros, PDI, Gendarmería y otras secretarías relevantes.
Ericka Farías subrayó la importancia de la metodología adoptada, la cual proviene del Ministerio de Seguridad Pública, obligando a cada entidad involucrada a comprometerse con acciones concretas y evaluables a lo largo del período establecido. “Cada una de las instituciones participantes del Sistema de Seguridad Regional se compromete con acciones que van a ser ejecutadas desde julio del 2026 a julio de 2027, con una respectiva evaluación de qué manera estamos impactando”, declaró Farías, enfatizando la necesidad de medir el impacto de las estrategias implementadas.
El narcotráfico se ha definido como la prioridad número uno del plan, posicionándose por “amplia mayoría” entre los asistentes. Farías explicó que esta problemática está intrínsecamente ligada a la condición fronteriza de la región, advirtiendo sobre las redes de crimen organizado que se aprovechan de esta situación. Mencionó que el narcotráfico no solo involucra la comercialización de drogas, sino que también se conecta con delitos más serios como la trata de personas, lo que requiere de una atención especial por parte de las fuerzas de seguridad.
Durante la reunión, se generó un intenso debate en torno a la violencia escolar, otro de los fenómenos identificados como prioritarios. La delegada hizo hincapié en la necesidad de distinguir entre diferentes formas de violencia, ya sea hacia docentes o entre alumnos. Destacó que se reforzará la coordinación entre los establecimientos y los programas de prevención, así como el seguimiento de la asistencia escolar como una estrategia de alerta temprana. “Me comprometo como delegada a hacer un seguimiento a estos programas para que exista la adecuada coordinación entre el alumno que sale de la casa y si llegó o no al aula”, afirmó.
En relación al financiamiento del Plan Regional de Seguridad Pública, la delegada informó que la subsecretaría de Prevención del Delito destinará recursos para la instalación de sistemas de cámaras en áreas sin cobertura. Asimismo, se asignarán fondos extraordinarios de seguridad a través de la Subdere, que serán distribuidos en cooperación con las comunas y las delegaciones provinciales. El plan contemplará líneas de acción específicas adaptadas a las características locales de cada territorio, comenzando su implementación a partir de julio.