Responsabilidades Administrativas en Proyecto de Viviendas Sociales

La Contraloría Regional ha instruido al Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) para iniciar un sumario administrativo con el fin de determinar posibles responsabilidades en la supervisión de garantías de viviendas sociales y en el manejo de reclamos de los beneficiarios. Este mandato responde a un informe final de auditoría emitido el pasado 25 de septiembre, tras recibir denuncias formuladas por la comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales de la Cámara de Diputados. Estas denuncias apuntaron a defectos estructurales en las viviendas sociales de la Región de Magallanes y exigieron aclaraciones sobre las medidas adoptadas para corregir tales deficiencias.
La auditoría abarcó 21 proyectos habitacionales que estaban dentro de su período de postventa entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de marzo de 2026, y reveló serias irregularidades. Se detectaron boletas de garantía por montos por debajo de lo requerido y períodos sin cobertura, así como la ausencia de un sistema integral para monitorear las solicitudes de postventa de las familias. Particularmente, se centró en viviendas construidas bajo el Fondo Solidario de Elección de Vivienda, lo que pone en evidencia la falta de control y supervisión en la gestión de estas edificaciones.
El Serviu dispone de 15 días para informar a la Contraloría sobre el inicio del sumario administrativo, cuyos resultados también deberán ser comunicados al ente fiscalizador. En el contexto de esta auditoría, el director subrogante del Serviu, Homero Villegas, había recibido un preinforme con observaciones el 21 de agosto y solicitó más tiempo para responder, aunque su respuesta finalmente fue enviada fuera de plazo y no fue considerada. Esto pone de relieve el escaso cumplimiento de los plazos por parte del Serviu, lo que podría agravar la situación respecto a la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión de viviendas sociales.
La falta de un mecanismo de seguimiento efectivo para los reclamos de postventa es otra de las principales observaciones realizada por la Contraloría. Durante el período de postventa, que se extiende a un mínimo de 120 días tras la entrega de la vivienda, la auditoría evidenció que Serviu no mantiene un monitoreo formal de los reclamos, lo que indica una falta de atención a las necesidades de los beneficiarios, incluso después de que las garantías continúan vigentes. Esto plantea interrogantes sobre la capacidad del Serviu para abordar adecuadamente los problemas de construcción reportados por los residentes, quienes a menudo tienen que enfrentar por sí mismos la solución de estos inconvenientes.
Los hallazgos también incluyeron situaciones preocupantes donde los reclamos fueron cerrados sin que las reparaciones correspondientes fueran realizadas por las empresas constructoras, dejando a los propietarios en la necesidad de efectuar las reparaciones por su cuenta. Tal es el caso registrado en los proyectos Loteo Costanera II y III en Puerto Natales. Este desbalance en las responsabilidades y la falta de acción por parte del Serviu no solo debilita la confianza en el servicio público, sino que también plantea serias dudas sobre la calidad de las viviendas sociales entregadas en la región y el compromiso de las instituciones para corregir adecuadamente los problemas detectados.
