Recurso de amparo: La desproporción detrás del arresto de Parada
El tribunal superior ha decidido acoger el recurso de amparo a favor de José Gabriel Parada, alcalde de Porvenir, en un fallo que ha generado gran expectación. Este amparo, interpuesto por su abogado, José Miguel Navarrete, fue aceptado por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, que determinó dejar sin efecto la orden de arresto emitida por el juez de Letras y Garantía de Porvenir, Pablo Aceituno Romero, a causa de considerarla “desproporcionada”. El caso pone de relieve las tensiones entre el ejercicio de la autoridad municipal y los derechos laborales de los empleados públicos.
La controversia se origina en una denuncia de tutela laboral presentada por Nataly Vivar Sánchez, exsecretaria municipal, quien alegó irregularidades en su despido. El tribunal, tras evaluar la situación, emitió una sentencia en su favor, permitiéndole optar entre una indemnización o su reincorporación al cargo. Sin embargo, la Municipalidad de Porvenir argumentó la imposibilidad legal de cumplir con la reincorporación, optando por pagar la indemnización, lo que llevó a la ejecutante a solicitar la orden de arresto contra el alcalde.
La orden de arresto fue emitida el 10 de noviembre de 2026, apenas ocho horas tras su solicitud, lo que generó críticas por la rapidez y falta de consideración por parte del juez de la posibilidad de aplicar medidas menos severas, como multas. La defensa de Parada argumentó que la resolución era arbitraria, y planteó que debieron haberse considerado alternativas más acordes a la situación, que no implicaran restringir la libertad personal del alcalde.
El fallo de la Corte de Apelaciones se fundamentó en la falta de proporcionalidad y fundamentación de la medida adoptada por el juez, resaltando que la libertad personal es un derecho que debe ser garantizado y protegido. Los ministros del tribunal reconocieron que, aunque existían facultades para decretar arresto, esta medida no era la más adecuada considerando las circunstancias del caso. La decisión de la Corte establece un precedente importante sobre la necesidad de balancear los derechos laborales y el debido proceso, en el marco de los procedimientos judiciales.
Finalmente, el tribunal decidió revocar la orden de arresto dictada en contra de José Gabriel Parada, dejando sin efecto la resolución del Juzgado de Letras y Garantía de Porvenir. Este fallo no solo es un alivio para el alcalde, sino que también invita a la reflexión sobre el uso de medidas coercitivas en casos donde se discuten derechos laborales, resaltando la necesidad de que cualquier medida cautelar se imponga de manera justa y equitativa.