Querellas por fraude al fisco: La lucha de Robinson Quelín

El abogado Robinson Quelín Álvarez ha presentado un total de 28 querellas criminales en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, enmarcadas dentro de un escándalo de fraude al fisco que ha impactado severamente a la ciudadanía de la Región de Magallanes. Entre estas querellas, destaca una contra 5,980 personas que salieron de la región mientras se encontraban con licencia médica. Esta situación fue revelada por la Contraloría General el 20 de mayo de 2025, generando un fuerte sentimiento de “estupor, indignación y conmoción” entre la población, según el propio Quelín. Las querellas buscan aplicar las penas establecidas por el Código Penal en relación al Código del Trabajo, específicamente en el artículo 509.
En su explicación sobre las motivaciones que lo llevaron a presentar estas acciones legales, Quelín ha señalado la experiencia de su estudio jurídico en el ámbito del derecho a la salud. Con más de 15 años de trayectoria, han abordado numerosos casos en la Corte de Apelaciones relacionados con los abusos de las isapres, así como la negativa injustificada de licencias médicas. “Históricamente hemos visto a muchos ciudadanos sufrir por decisiones arbitrarias del Compin y el escaso criterio de los tribunales, lo que nos ha llevado a actuar de tal forma en este caso”, reafirmó el abogado.
Quelín también ha señalado que este conjunto de querellas son una de las pocas instancias en que un ciudadano puede interponer acciones legales contra funcionarios públicos por delitos como el fraude al fisco. Esta herramienta legal conocida como “legitimación activa” permite que cualquier persona, a través de un abogado, solicite una investigación sobre la responsabilidad de funcionarios implicados en delitos relacionados. Tras la admisibilidad de todas las querellas presentadas, ahora están en manos del Ministerio Público, el cual deberá investigar y determinar posibles responsabilidades penales.
La falta de confianza de la ciudadanía en el sistema de sumarios administrativos ha impulsado a Quelín a actuar judicialmente. Denunció que, en la práctica, es difícil que un compañero de trabajo pueda fiscalizar a otro de manera efectiva, lo que reduce la credibilidad de los procesos internos. “La comunidad no cree en los sumarios, lo que lleva a la percepción de que son solo un ‘saludo a la bandera’. Por eso estamos presentando querellas específicas contra cada servicio involucrado, ya sean entidades estatales como Enap o BancoEstado, así como diversas instituciones públicas”, enfatizó el abogado.
Finalmente, al referirse a la afectación patrimonial que estas licencias fraudulentas pueden traer a la región y al país, Quelín subrayó que los subsidios de incapacidad laboral que se han otorgado indebidamente podrían haber sido utilizados para financiar políticas públicas en sectores vitales como la salud. “Estamos ante un grave perjuicio para todos los ciudadanos que requieren recursos disponibles y se ve afectado el erario nacional de Fonasa. Es un hecho que no podemos ignorar y que afecta el bienestar de la población en un momento ya de por sí crítico para el sistema de salud pública”, concluyó.
