Proyecto HNH: La controversia que desafía la viabilidad ambiental
En medio de un intenso debate por la instalación del proyecto de HNH Energy en las cercanías de la histórica Estancia San Gregorio, el abogado Alfonso Campos ha manifestado su firme oposición a las recientes modificaciones presentadas por la empresa. Campos, quien es el propietario de la estancia y un crítico incisivo del proyecto, argumenta que la adenda complementaria entregada el 16 de abril no altera los impactos negativos que el proyecto conlleva. A su juicio, la firma insiste en la ejecución del proyecto en los mismos lugares problemáticos, sin considerar las preocupaciones expresadas previamente por la comunidad y los estudios de impacto ambiental que han revelado consecuencias perjudiciales para la zona.
La insistencia de HNH Energy en avanzar con el proyecto ha dejado a Campos cuestionando los verdaderos motivos detrás de la empresa. El abogado revela que Austria Energy, propietario de la iniciativa, podría recibir casi 29 millones de dólares por obtener permisos ambientales, sumas que, según él, podrían ser utilizadas para financiar consultorías y apoyo legal en Chile. “Esto genera una presión inusitada para la aprobación del proyecto, a pesar de que su viabilidad económica es cuestionable y que actualmente no existen mercados sostenibles para sus costos elevados”, sostiene Campos, indicando que la falta de un análisis de viabilidad debería haber llevado a la empresa reconsiderar su enfoque.
Más allá de las inquietudes económicas, Campos también señala el impacto directo que la instalación del proyecto tendría en sus propios planes de desarrollo cultural y turístico. Un proyecto que tenía en marcha, denominado “Club Don Julio”, incluye diversas instalaciones que serían inviables si se construye una supercarretera con pasos de camiones enormes a tan solo 500 metros de su ubicación. El abogado alerta sobre el hecho de que la creación de una infraestructura pesada amenazaría no solo su iniciativa personal, sino también el potencial desarrollo turístico y cultural de la región.
La oposición de Campos no es simplemente una respuesta personal, sino que refleja una atención cuidadosa a los potenciales daños ambientales y sociales que el proyecto podría acarrear. En un comentario incisivo, Campos destaca que la desaprobación de la propuesta no se centra solo en lo que se podría destruir, sino también en las oportunidades que se perderían. La cercanía de grandes estructuras como un puerto y una desaladora representa un riesgo inminente a la biodiversidad y el patrimonio natural de la zona, lo cual ha sido respaldado por declaraciones de entidades relacionadas con el patrimonio cultural.
Finalmente, Campos ha planteado inquietudes constitucionales, sugiriendo que la aprobación de permisos ambientales, aunque el proyecto nunca se concrete, violaría derechos fundamentales de los ciudadanos, tales como el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación y el derecho a la propiedad. Según él, esta situación es particularmente grave considerando que ocurre bajo un gobierno de derecha que proclama la defensa de estos derechos. La intersección de intereses económicos, sociales y ambientales crea un escenario complejo que Campos espera que se resuelva en favor del bienestar de la comunidad y el respeto al desarrollo sostenible.