Proyecto Habitacional Valle Los Sauces: ¿Por qué causa tanta polémica?
La selección de las familias beneficiarias del proyecto habitacional Valle Los Sauces, etapa cinco, ha generado una polémica considerable dentro del Consejo Regional, especialmente por la manera en que se llevó a cabo. Este ambicioso proyecto, que contempla la construcción de 226 viviendas con una inversión de $13 mil millones, fue inicialmente rechazado tras la recomendación de algunos representantes del consejo. Sin embargo, luego de largas discusiones, la moción de rechazo fue desestimada y se aprobó el financiamiento original del gobernador regional por una mayoría ajustada de ocho votos a favor y siete en contra. La situación pone de manifiesto las tensiones entre distintas visiones en el consejo sobre las estrategias habitacionales a implementar en la región.
Una de las críticas más vocales provino de la consejera de oposición Roxana Gallardo, quien evidenció que el proyecto se aparta notablemente de iniciativas anteriores. Según ella, no solo se están construyendo viviendas adosadas, cuestionadas por su impacto negativo en la calidad de vida de los beneficiarios, sino que también se está incluyendo una costosa obra vial. Gallardo argumentó que la costosa habilitación de una calle conecta innecesariamente la construcción de viviendas con infraestructura de servicios, advirtiendo que este enfoque podría estar favoreciendo en exceso a empresas constructoras a expensas de las verdaderas necesidades de la comunidad.
Otros consejeros, como Max Salas, han cuestionado directamente la forma en que se eligieron las familias beneficiarias del proyecto. Salas acusó al Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de haber privatizado su rol fundamental, dejando que las entidades patrocinantes, ligadas a las constructoras, se encarguen de la organización de los comités y de la identificación de la demanda habitacional. Este hecho podría conllevar prácticas de discriminación y falta de transparencia que han afectado a las agrupaciones comunitarias en comunas como Natales, generando desconfianza entre los beneficiarios potenciales.
Por su parte, el consejero Rodolfo Arecheta destacó que el proyecto podría enfrentar serios problemas jurídicos si no se gestiona de manera adecuada. A su juicio, la inclusión de la obra vial debió ser licitada de forma separada para evitar conflictos de interés y posibles reclamaciones por parte de las constructoras. Arecheta advirtió que la judicialización podría no solo retrasar el proyecto, sino también duplicar los plazos de ejecución, complicando aún más la ya tensa situación habitacional en la región.
Finalmente, el consejero Andrés López planteó una crítica adicional en relación al sobregasto acumulado del convenio de programación de vivienda, indicando que este ya supera los $50.000 millones, lo que pone en riesgo futuros proyectos habitacionales. López estima que, con la aprobación de nuevas iniciativas, el financiamiento total podría sobrepasar los $100.000 millones, lo que complicaría la posibilidad de construcción de nuevas viviendas en Magallanes durante los próximos años, exacerbando la crisis de urgencia habitacional que se vive en la región y desafiando las promesas hechas a la comunidad.