Perro asilvestrado: ¿Quién se encarga del control en Magallanes?
La problemática de los perros asilvestrados que atacan a los rebaños ovinos en la región de Magallanes plantea un desafío significativo en cuanto a la gestión institucional y legal correspondiente. Al consultar con diferentes organismos públicos sobre quién se hace responsable de este asunto, las respuestas suelen girar en torno a la falta de competencias legales. Instituciones como los municipios, la Seremi de Salud, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y el Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas (SBAP) se pasan la responsabilidad entre sí, lo que genera una confusión evidente en la atención de este problema vital para los ganaderos.
Los municipios se quejan de no contar con los recursos necesarios para implementar plenamente la Ley de Tenencia Responsable. Por su parte, el SBAP, que se encuentra en proceso de consolidación como entidad administrativa, parece desbordado por la situación. Mientras tanto, el SAG menciona un “vacío legal”, alegando que su papel se limita a registrar las denuncias de ataques y verificar su origen, pero no puede llevar a cabo acciones concretas como la captura de los perros asilvestrados o autorizar su caza, a diferencia de otras especies invasoras. Esta falta de definición regulatoria deja a los ganaderos en una posición precaria frente a los ataques a sus animales.
Según registros del SAG, entre 2012 y 2025, se reportaron 170 denuncias de ataques de carnívoros, con un impacto en 4.950 animales. Nicolás Soto, encargado regional del SAG, subraya que la solución a este fenómeno debe ser multisectorial y ha estado abogando por reformas legales que amplíen las competencias del servicio en esta materia. Sin embargo, las modificaciones aún están en discusión parlamentaria. Soto enfatiza que cualquier acción fuera del marco normativo establecido puede llevar a un accionar arbitrario, lo que pone de manifiesto la urgencia de una coordinación efectiva entre instituciones.
La Ley de Caza, que en algún momento incluyó a los perros asilvestrados como una especie amenazante para los ecosistemas, ha quedado obsoleta al retirar esta categoría. Esto ha llevado a una limitación en las competencias del SAG, que en la actualidad se siente impotente ante la gravedad del problema. A pesar de esta situación, Soto ha desarrollado un protocolo para abordar las denuncias en un plazo no mayor a 48 horas, lo que evidencia cierta proactividad en la gestión del tema, aunque no sea suficiente para ofrecer una solución integral a los afectados.
Además de los ataques a los ovinos, la preocupación radica en los riesgos sanitarios que representa la presencia de perros asilvestrados, especialmente en relación con la hidatidosis. Gustavo Stanton-Yonge Molkenbuhr, director regional (s) del SAG, alertó que estos animales pueden participar en el ciclo de transmisión del parásito Echinococcus granulosus, lo que podría afectar seriamente la salud pública, especialmente en zonas rurales donde la exposición a animales infectados es mayor. La propagación de esta enfermedad, que puede causar quistes en órganos vitales de las personas, resalta la urgencia de establecer un marco legal claro y acciones efectivas para abordar la crisis de los perros asilvestrados en Magallanes.