Mordeduras de perros: Aumento y medidas de seguridad
En un preocupante informe presentado durante su cuenta pública, la secretaria regional ministerial de Salud, Francisca Sanfuentes, reveló que en el año pasado se registraron mil cuatrocientas cuarenta y cuatro notificaciones de accidentes por mordedura de animal en la región de Magallanes. Este dato marca un incremento del 20,43 % en comparación al año 2023, donde se contaron 1.199 casos. La situación se ha vuelto alarmante, especialmente considerando que en lo que va de 2025 ya se han reportado más de 300 mordeduras atribuibles a ataques de perros en la vía pública, indicando una tendencia creciente que exige atención urgente de las autoridades y la comunidad.
Durante el año pasado, las autoridades llevaron a cabo 598 fiscalizaciones, representando un 82 % más que en 2023, cuando se registraron 327 inspecciones. Este aumento en las fiscalizaciones refleja una intensificación de los esfuerzos para abordar el problema de la tenencia responsable de animales. Según la seremi, en 2023 se iniciaron 13 sumarios sanitarios y se identificaron 271 animales mordedores con domicilio conocido. Sin embargo, este último dato no fue mencionado en la cuenta pública de este año, lo que ha suscitado críticas sobre la transparencia y el seguimiento de estos casos por parte de las autoridades competentes.
Un dato alarmante que se destaca es la existencia de aproximadamente 34 mil perros vagando sin dueño por las calles de la capital regional, según el catastro realizado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere). Esta situación no solo pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos, sino que también plantea serias cuestiones sobre el bienestar animal y la responsabilidad de los dueños de mascotas. La proliferación de perros abandonados contribuye al aumento en los incidentes de mordeduras y resalta la necesidad de implementar campañas efectivas de educación sobre la tenencia responsable de animales.
A nivel nacional, el Sistema de Registro de Animales Mordedores (Siram) ha contabilizado más de 372 mil mordeduras desde el año 2017, lo que plantea un problema de salud pública considerable. Trágicamente, cifras del Servicio Médico Legal indican que entre 2018 y 2023, un total de 24 personas, incluidos tres menores de edad, perdieron la vida a causa de mordeduras de perros. Este tipo de incidentes subraya la urgencia de establecer regulaciones más estrictas y programas de concienciación para prevenir estos ataques, así como para promover un entorno más seguro para la convivencia entre humanos y animales.
De acuerdo con la legislación vigente sobre tenencia responsable, los dueños de perros que muerden a personas pueden enfrentar multas de hasta 30 UTM, y el animal puede ser sometido a observación sanitaria. Además, si las lesiones son graves, puede haber implicaciones penales y civiles que afectan directamente a los propietarios. En situaciones extremas, el perro podría ser declarado peligroso, lo que podría conllevar a restricciones especiales o incluso a la eutanasia. Estos incidentes pueden ser denunciados ante municipalidades, Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) o la seremi de Salud, lo que resalta la importancia de un enfoque colaborativo para abordar estos graves problemas de salud y seguridad.