Minibús amarillo sin autorización causa controversia en Punta Arenas
Una controversia ha estallado en Punta Arenas tras la fiscalización realizada el pasado lunes frente al Liceo San José, donde un minibús amarillo fue retirado de circulación mientras transportaba a 12 estudiantes sin contar con la autorización necesaria. Este operativo, llevado a cabo por inspectores del Ministerio de Transportes, reveló que el vehículo estaba operando sin inscripción en el Registro Nacional de Servicios de Transportes Remunerados de Escolares (Renastre), lo que ha generado un intenso debate entre las autoridades y el gremio del transporte escolar.
Marlene Gajardo, presidenta de la Asociación Gremial de Empresarios de Transporte Escolar (Agetepa), defendió la decisión de la propietaria del minibús, quien ha trabajado en este sector durante 20 años. Gajardo argumentó que el uso de esta unidad, que había sido dada de baja debido a su antigüedad, se debió a una emergencia técnica con el furgón oficial que normalmente utilizaba para llevar a los estudiantes. Este argumento, sin embargo, no ha convencido a las autoridades, que enfatizan la necesidad de normativas estrictas para garantizar la seguridad de los menores.
Durante una reciente actividad de fiscalización, la inspectora de transportes presente corroboró que el minibús había sido retirado por su condición de informalidad, subrayando que al haber sido dado de baja, su uso era imprudente y potencialmente peligroso. Allan Stowhas, seremi del ramo, hizo hincapié en que las medidas de fiscalización están orientadas a la seguridad de los estudiantes, cuestionando cómo se podría defender una práctica que descuida el bienestar de los niños. “Si ese bus producía algún riesgo a los niños, había que fiscalizar y cursar la multa”, afirmó.
La situación ha llevado a un cruce de declaraciones entre el gremio del transporte escolar y la seremi de Transportes, generando una tensión que pone en evidencia las distintas perspectivas sobre cómo abordar la seguridad en el transporte estudiantil. Stowhas no dudó en criticar la postura de la Gremial, recordando que en caso de un accidente, las consecuencias recaerían sobre los más vulnerables: los niños. “¿Cómo uno podría hacer una defensa de algo que puede crear una desgracia?”, cuestionó, reforzando su compromiso con la fiscalización efectiva y la protección de los menores.
Como consecuencia inmediata del operativo, el furgón fue trasladado por una grúa a los corrales municipales, y los alumnos debieron ser transbordados a otro vehículo para poder llegar a sus hogares. La propietaria del minibús enfrenta, no solo la infracción ante el tribunal, sino también los costos derivados de la grúa y la custodia del vehículo en las instalaciones municipales, lo que añade un peso adicional a una situación ya complicada.