Licitación Pública Punta Arenas: Fraude y Apropiación Indebida
La Contraloría General de Chile ha reportado serias irregularidades en los mecanismos de control que emplea la Municipalidad de Punta Arenas. Este hallazgo surge casi dos años después de que se presentara una querella criminal contra dos individuos por fraude a las subvenciones y apropiación indebida. La situación se centra en una licitación pública por un monto de $167.100.000, adjudicada a una empresa que carecía de instalaciones, personal y permisos propios, lo que pone en evidencia la delicada responsabilidad que recae sobre las autoridades municipales al momento de validar a los contratistas.
El Juzgado de Garantía de Punta Arenas llevó a cabo una formalización el pasado 6 de junio, donde los imputados Rodrigo Vera Alvarado y Karina Tapia Corbett enfrentan serias acusaciones por utilizar, sin la debida autorización, las instalaciones y recursos de la clínica veterinaria Veterhouse para obtener la licitación. El representante legal de Servicios Ganaderos Agropampa Limitada, Daniel Groves Navarro, fue quien denunció a los implicados, resaltando que la empresa adjudicada no cumplía con los requisitos básicos solicitados en la licitación, lo que plantea un importante debate sobre la integridad de los procesos de adjudicación en el ámbito municipal.
El contrato en cuestión establece la responsabilidad de realizar 2,000 esterilizaciones y 960 consultas primarias durante un año. Sin embargo, se cuestiona cómo fue posible que dicha adjudicación se realizara sin considerar la falta de licencias y permisos mínimos requeridos. Groves señaló que la Municipalidad no verificó adecuadamente las credenciales de la oferta ganadora, lo que ha llevado a una serie de interrogantes sobre la transparencia y seriedad de los procedimientos en la Administración Municipal.
La trama se complica al revelarse que tras el inicio del programa de esterilizaciones en junio de 2022, los equipos utilizados por la empresa adjudicataria fueron sustraídos de las instalaciones originales de Agropampa. Esto, según testigos y evidencias presentadas, ocurrió en condiciones cuestionables, lo que llevó a la formalización de uno de los acusados por el delito de apropiación indebida. La fiscal Johanna Irribarra ha informado que el monto de los equipos robados asciende a aproximadamente 44 millones de pesos, y a la fecha, no han sido recuperados.
Finalmente, la Contraloría emitió un informe en abril de 2024 que revela la falta de controles efectivos en la municipalidad para garantizar que los contratistas cumplan con todos los requisitos legales. La crítica se centró en la ausencia de documentación que respalde la fiscalización del contrato adjudicado y la identificación de errores contables y retrasos en los pagos. Los hallazgos fueron motivados por una denuncia de un concejal, que encendió las alarmas sobre la operatividad de los contratos en esta región. La Contraloría ha instado a la municipalidad a mejorar sus procedimientos de control y supervisión.