Ley Navarino: El Cambio en la Bonificación del 20% y Turismo Antártico

La Contraloría General de la República ha emitido un nuevo dictamen que modifica su interpretación sobre la bonificación del 20% estipulada en la Ley Navarino, permitiendo a las empresas exentas de IVA, como las del sector turismo antártico, acceder a este beneficio. Esta decisión, contenida en el dictamen D438, fechado el 23 de octubre y firmado por el contralor subrogante Víctor Hugo Merino, responde a una solicitud de tres empresas que operan en el ámbito del turismo antártico, las cuales argumentaron que su exclusión del beneficio sería injusta y perjudicial para su operación.
La Ley Navarino, vigente desde 1985 y que se extenderá hasta 2035, otorga beneficios fiscales a las empresas que desarrollan actividades en las comunas de Cabo de Hornos, Timaukel, Porvenir y Primavera, así como en la costa sur del estrecho de Magallanes. Estas empresas, al estar físicamente ubicadas en la zona, tienen derecho a recibir un 20% de bonificación sobre sus ventas y servicios hacia el resto del país, además de disfrutar de la exención del IVA en su actividad turística.
El anterior dictamen D25, emitido en el transcurso de este año, había concluido que las empresas exentas de IVA no podían acceder a esta bonificación. Sin embargo, tras revisar la historia de la Ley Navarino, la Contraloría reconsideró su postura, argumentando que la exención de IVA favorece al cliente y no a la empresa. Esto significa que negar la bonificación a las empresas exentas sería discriminatorio frente a aquellas que sí deben pagar el impuesto, contraviniendo el espíritu de la ley.
El nuevo dictamen también establece que los servicios bonificados deben prestarse desde la zona especificada por la ley, y no desde Punta Arenas. Aunque se dicta una excepción para la Agencia de Viajes Dap Antártica Limitada, que comenzó sus operaciones desde la capital regional, la Contraloría dejó claro que los futuros servicios deben ser proporcionados directamente desde la zona beneficiada. Esto se debe a que las franquicias son exclusivamente para aquellas empresas que tienen su administración principal en la zona.
Finalmente, la Contraloría recalcó que los organismos encargados de autorizar a las empresas deberán realizar un estricto seguimiento para garantizar que estén debidamente instaladas en la zona y que sus servicios se presten desde allí. Como nota trascendental, el dictamen menciona que en el caso de Dap Antártica, a pesar de comenzarse la operación desde Punta Arenas, no se revocará su bonificación debido a que existía un contrato con el Estado y las acciones de la Administración no deben perjudicar a quienes han operado de buena fe.
