Ley Lafkenche: ¿Cómo afectará las regiones australes y su desarrollo?
El gobierno chileno ha confirmado que se encuentra trabajando en una propuesta de modificaciones a la Ley Lafkenche (Ley N°20.249), que regula los Espacios Costeros Marinos para Pueblos Originarios (ECMPO). Esta información fue compartida por el subsecretario de Pesca, Osvaldo Urrutia, durante la sesión más reciente de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado. Urrutia detalló que el Ejecutivo está preparando un conjunto de indicaciones que serán presentadas en un taller programado para el próximo 27 de mayo en la ciudad de Puerto Montt, donde se espera fomentar la participación y recoger observaciones sobre la iniciativa.
La propuesta del gobierno se da en un contexto delicado para las regiones australes como Magallanes, donde diversos actores del rubro pesquero y del desarrollo portuario han expresado su preocupación por el impacto de la expansión de las solicitudes ECMPO en áreas extensas del borde costero. Durante la semana, dirigentes de la pesca artesanal han elevado sus voces en torno a la necesidad de revisar la Ley 20.249 en una reunión con la delegada presidencial regional, poniendo de relieve las limitaciones que enfrenta el sector para ejecutar proyectos productivos y buscar oportunidades de crecimiento.
En la misma línea, el senador por Aysén, Miguel Angel Calisto, advirtió que las repercusiones de la Ley Lafkenche son especialmente palpables en las regiones del sur y demandó que el proceso de modificación impulsado por el Ejecutivo no se limite a la ciudad de Puerto Montt. “Muchas veces desde Santiago se mira hacia el sur como si todo terminara en Puerto Montt”, sostuvo el parlamentario, haciendo hincapié en la necesidad de realizar instancias de participación en Aysén para abordar el impacto que la normativa tiene en las actividades productivas y en las comunidades locales.
A pesar de que Magallanes no fue mencionado explícitamente durante el debate en el Senado, es evidente que la región enfrenta tensiones similares las que hoy se discuten en Aysén y Los Lagos. Estas tensiones surgen debido a la convivencia de múltiples intereses en el borde costero, incluyendo la pesca artesanal, la salmonicultura, concesiones marítimas y los requisitos de conservación, que se ven complejizados por las solicitudes ECMPO. Este entramado de intereses resalta la urgencia de un diálogo inclusivo que tome en cuenta las realidades locales.
Finalmente, respecto al proceso de consulta indígena, Urrutia enfatizó que el gobierno entiende la importancia de ejecutar este proceso en el marco de las modificaciones legales. La inclusión de las comunidades originarias es fundamental para abordar las necesidades y preocupaciones de todos los sectores involucrados en el uso del borde costero, garantizando así un desarrollo sostenible que respete los derechos de los pueblos indígenas y potencie las actividades económicas en las regiones más afectadas por la normativa actual.