Indemnización Nataly Vivar: ¿Qué significa para el municipio de Porvenir?
Con una modificación presupuestaria aprobada por la mayoría de los concejales, el Concejo Municipal de Porvenir ha decidido aceptar la propuesta del alcalde, Gabriel Parada, para indemnizar a la ex secretaria municipal, Nataly Vivar Sánchez, destituida hace aproximadamente 30 meses. Este movimiento llega tras una reciente victoria legal de Vivar, quien había demandado al municipio y ganó en la Corte Suprema, lo que obliga a su reincorporación al cargo en un plazo de diez días. La decisión, que tuvo como únicas abstenciones las de Marisol Andrade y el propio alcalde, refleja un compromiso del Concejo por acatar las sentencias judiciales, aunque conllevará un significativo costo económico para la municipalidad.
La funcionaria de Finanzas Municipales, Camila Villagra, justificó la necesidad de incrementar el presupuesto en 60 millones de pesos para cubrir las indemnizaciones y otros posibles daños a terceros, mencionando que es crucial prever los gastos derivados de la sentencia. Villagra especificó que, en total, se requerirán 86 millones de pesos para hacer frente a las obligaciones legales por el tiempo que Vivar estuvo alejada de su puesto. Esta aprobación presupuestaria se considera un paso fundamental para cumplir con las decisiones judiciales y evitar futuras complicaciones legales.
Sin embargo, el abogado de Nataly Vivar, Max Müller, ha expresado su sorpresa ante la postura del alcalde Parada, quien, según Müller, está actuando fuera de la legalidad y contradiciendo la sentencia del tribunal. El abogado se preguntó cuáles son los motivos detrás de la modificación presupuestaria solicitada por el alcalde y sugirió que podría ser necesaria una asesoría más adecuada para enfrentarse a esta situación. Aunque el tribunal ya ha sido notificado sobre la intención de Vivar de reincorporarse al cargo, el comportamiento del alcalde genera incertidumbre sobre una correcta aplicación de las leyes.
El abogado Müller también advirtió que, si la situación continúa sin resolverse adecuadamente, podrían emprenderse múltiples acciones legales. Entre las opciones se incluyen acciones en el tribunal de cobranzas y la presentación de una querella por prevaricación administrativa contra el alcalde, debido a decisiones tomadas durante el procedimiento administrativo que afectaron a Vivar. La insistencia en cuestionar la legalidad de las decisiones del alcalde refleja el profundo descontento hacia su gestión y plantea serias preguntas sobre la transparencia en su administración.
La posibilidad de iniciar una querella penal por desacato es otra opción que se baraja si las acciones del alcalde continúan ignorando los fallos judiciales. Esta serie de eventos sugiere que las decisiones del Concejo Municipal y de la alcaldía están bajo intensa revisión legal, lo que podría derivar en un escándalo administrativo si se concluye que hubo mal manejo de los recursos públicos. La comunidad de Porvenir está atenta a cómo se desarrollarán los acontecimientos, especialmente por el impacto que estas decisiones tienen en la legalidad y la confianza en las instituciones locales.